Grupo Proyecta: ¿Un Cártel Inmobiliario en Puebla?

La Fiscalía de la Ciudad de México instauro el término de «cártel inmobiliario» respecto a los casos de corrupción urbanística, en los que a partir de una red de influencias, despojo, omisiones jurídicas e institucionales; fueron generados grandes réditos y ganancias millonarias para la especulación inmobiliaria. El caso de Grupo Proyecta podría configurarse como el hecho más estruendoso del Cártel Inmobiliario de Puebla.

Durante más de veinte años, Grupo Proyecta ha protagonizado la transformación del paisaje urbano en la zona metropolitana de Puebla, encabezando megaproyectos inmobiliarios como Lomas de Angelópolis, Distrito Sonata y City Lomas en los municipios de San Andrés Cholula y Ocoyucan. Si bien estas obras han detonado una elevada plusvalía y millonarias inversiones, también han sido señaladas por prácticas que rozan lo ilegal, especialmente en la adquisición de tierras ejidales.

El modelo de negocio del consorcio se ha enfocado en convertir vastas áreas rurales en zonas residenciales de alta gama. En Lomas de Angelópolis, por ejemplo, se han vendido más de 25 mil lotes con un valor que ronda entre 1.5 y 2.5 millones de pesos cada uno. A esto se suman desarrollos comerciales como Sonata y Downtown, cuya rentabilidad ha elevado el valor estimado de los activos a más de 50 mil millones de pesos.

El caso del ejido de Santa María Malacatepec ha generado una fuerte controversia. En 2016, Grupo Proyecta obtuvo el usufructo de 245 hectáreas a través de un contrato firmado con el comisariado ejidal. El pago acordado fue de 10 millones de pesos, lo que equivale a apenas 4 pesos por metro cuadrado. Habitantes inconformes consideran que el valor real de la tierra supera los 400 pesos por metro cuadrado, por lo que aseguran haber sido despojados. Siendo el valor comercial actual de los terrenos residenciales entre 480 y 700 dólares por metro cuadrado.

Representantes de la comunidad afirman que, como parte de la negociación, se ofrecieron incentivos económicos individuales a los ejidatarios para aprobar el convenio. Asimismo, denuncian que los empresarios propietarios del grupo —identificados como Alejandro Rafael Ventosa Posada y Rafael Posada Alonso— fueron reconocidos dentro del documento como supuestos ejidatarios, hecho que consideran irregular.

Diversos pobladores, agrupados en el Campamento de Resistencia y Lucha por la Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, han manifestado su oposición al proyecto City Lomas. Según sus líderes, el contrato firmado no sólo vulnera el carácter comunal de las tierras —que impide su venta legal— sino que también representa una amenaza directa para su forma de vida.

Hilario Alonso, abogado de los ejidatarios en resistencia, explicó que las tierras fueron entregadas en usufructo pese a que no podían ser vendidas conforme a la Ley Agraria. El mismo documento contemplaba cambiar el uso del suelo y proceder a la parcelación, estrategia que —según el jurista— facilitaría la legalización de una venta originalmente ilegal.

El impacto del crecimiento inmobiliario no ha sido solo legal o económico. Líderes comunitarios han señalado que la expansión de los fraccionamientos ha generado escasez de agua en la región. La sobreexplotación de pozos y la alta demanda de los desarrollos habitacionales habrían provocado que, desde 2019, algunas zonas se quedaran sin este servicio básico.

Además, en julio de 2023, habitantes de Santiago Coltzingo denunciaron la tala de al menos 87 hectáreas de bosque para dar paso al proyecto City Lomas, sin que existiera, presuntamente, una autorización de la Semarnat. Activistas locales calificaron el hecho como un ecocidio.

La historia del conflicto se ha complicado aún más por la supuesta inacción de las autoridades estatales, quienes, de acuerdo con los pobladores, no han intervenido frente a las irregularidades denunciadas desde hace décadas. Incluso se han documentado represalias legales contra los opositores; al menos 19 personas, muchas de ellas adultos mayores, han enfrentado procesos penales.

José Emiliano Zambrano Aguilar, uno de los líderes del movimiento de resistencia, ha denunciado que Grupo Proyecta ha recurrido a estrategias de intimidación, campañas de desprestigio y división comunitaria para neutralizar a quienes se oponen al avance del proyecto. Además, responsabiliza al grupo empresarial por el deterioro de las condiciones de vida en la comunidad.

Aunque la empresa no ha emitido posicionamientos públicos ante las denuncias, continúa promoviendo sus proyectos y reforzando su presencia en el mercado inmobiliario. Actualmente, el cargo de director comercial lo ocupa Pedro Aspe Bernal, hijo del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, lo que ha levantado sospechas sobre presuntos vínculos de poder detrás del crecimiento del consorcio.

Véase también: Gobierno de Puebla busca diálogo con ejidatarios de Ocoyucan para reubicar caseta de Atlixco

En medio de este contexto, las comunidades afectadas insisten en revertir los acuerdos que consideran injustos, mientras los desarrollos inmobiliarios siguen expandiéndose sobre tierras cuyo pasado —y presente— sigue generando heridas abiertas.

Foto: Sitio web Grupo Proyecta

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