Por considerar que se afectan los derechos políticos generales y laborales del trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interrumpir la aplicación del Plan B de la reforma electoral.
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Este jueves, representantes legales del INE acudieron esta tarde a presentar una segunda controversia constitucional contra el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual piden suspender la aplicación de la reforma.
«Se solicita al Máximo Tribunal otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía», indicó el organismo.
De acuerdo al INE, están defendiendo su autonomía y la aplicación de la Constitución, ya que 200 artículos del Plan B vulneran 25 disposiciones constitucionales.
INE presenta recurso de 4 ejes
El recurso está divido en cuatro ejes, el primero es por la supuesta violación al proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión.
Argumentan que impacta en la calidad democrática de la reforma al dar trámite urgente a una iniciativa que no podía ser sometida al mismo, que no respetó el principio de publicidad ni deliberación, lo que impidió la participación requerida para la representación parlamentaria.
El segundo indica que el Poder Legislativo y Ejecutivo vulneraron la autonomía e independencia del INE.
En un tercer punto, el INE apunta que el Plan B violenta las condiciones de equidad y principios que rigen las contiendas electorales al cambiar la certeza en los procedimientos del proceso electoral en diversas etapas.
Por último, que atenta constitucionalmente los derechos laborales del personal del INE.
«Se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral»
Entre vocalías locales y distritales, plazas de unidades técnicas y direcciones que se desintegran o se fusionan, desaparecerían mil 246 puestos.
La primera controversia del INE fue interpuesta el 1 de febrero contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Estos cambios permiten que autoridades puedan intervenir en una contienda, con el pretexto de ejercer la libertad de expresión.
Foto: Archivo El Ciudadano
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