Persiste extracción ilegal de agua en Cuautlancingo bajo la administración de Omar Muñoz

A pesar del cambio de gobierno municipal en octubre de 2024, la extracción ilegal de agua en Cuautlancingo no solo continúa, sino que parece operar con total impunidad. Bajo la administración encabezada por Omar Muñoz, quien asumió la presidencia municipal el 15 de octubre del año pasado, no se han observado acciones efectivas para frenar esta red clandestina que extrae y comercializa agua en múltiples puntos del municipio.

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En la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, se han detectado cinco pozos perforados de manera irregular en menos de un año. Estos abastecen diariamente entre 150 y 200 pipas, lo que ha generado preocupación entre los habitantes por la creciente escasez del líquido en colonias y comunidades donde antes era abundante.

Vecinos de la zona denuncian que el constante movimiento de vehículos de gran capacidad, que cargan agua extraída de manera ilegal, ha deteriorado las vialidades locales y afectado el acceso al agua para uso doméstico y agrícola. Pese a estas evidencias, las autoridades municipales no han transparentado ninguna acción para clausurar estos pozos ni para sancionar a los responsables.

En otras zonas del municipio, como La Trinidad Chautenco, también operan pozos sin claridad sobre su situación legal. A esto se suma que, desde hace más de tres años, las quejas ciudadanas por desabasto han sido una constante, sin que se observe una estrategia de atención integral. Incluso con reportes oficiales que indican que uno de los pozos principales del municipio está prácticamente seco, la operación de estos puntos irregulares continúa sin interrupciones.

La omisión de la administración actual resulta especialmente grave si se considera que el fenómeno no es nuevo. Desde hace más de una década se ha documentado la perforación de pozos clandestinos en Cuautlancingo. Sin embargo, lo que genera mayor inquietud es que, en lugar de disminuir, este mercado paralelo parece haberse fortalecido en los últimos meses.

Cada pipa de agua puede venderse en el mercado entre 450 y 700 pesos, lo que convierte la extracción ilegal en un negocio rentable que se mantiene gracias a la falta de vigilancia y supervisión oficial. Mientras tanto, miles de habitantes siguen padeciendo desabasto o acceso limitado al agua potable.

Organizaciones vecinales y habitantes de distintas colonias han exigido al gobierno municipal que encabeza Omar Muñoz que actúe con firmeza para detener esta actividad, revise las concesiones existentes, y garantice que el suministro del agua sea manejado de forma legal, equitativa y transparente. Sin embargo, hasta ahora, la respuesta institucional ha sido limitada, lo que incrementa la percepción de que hay tolerancia –o incluso complicidad– ante una red que claramente opera fuera de la ley.

Foto: El Ciudadano

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