La Comunidad Macehual de Zacatipan, perteneciente al municipio poblano de Cuetzalan, decidió, en una consulta autónoma, no permitir la instalación de proyectos mineros en la región, por lo que demandaron cancelar las concesiones actuales y negar futuros permisos.
El pasado 3 de marzo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito de Puebla dictó sentencia definitiva a favor del Pueblo Macehual , al ordenar la cancelación de tres licencias mineras, pues los pobladores no fueron consultados acerca del proyecto.
Este 18 de agosto, respaldados por asociaciones civiles, la comunidad tramitó un amparo para que la Justicia federal niegue futuros permisos y cancele las concesiones actuales de cualquier proyecto «extractivista«.
El recurso fue tramitado en el Juzgado Quinto de Distrito, donde el Pueblo de la Sierra Norte demandó el veto a estas actividades, esto, como parte del proceso de ejecución de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal.
En la demanda, los pobladores de comunidades originarias, presentaron un acta de su asamblea en Zacatipan, realizada el 26 de julio, cuando la comunidad acordó «no dar su consentimiento para actividades mineras».
Aunado a lo anterior, la Fundación por el Debido Proceso y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron, ante la Justicia federal, un amicus curiae -amigos de la corte-, que es un recurso legal donde las organizaciones aportan opiniones para dirimir la controversia.
Las agrupaciones civiles pidieron al Poder Judicial, que considere los estándares y tratados internacionales, pues sostienen que la autonomía del Pueblo Macehual fue vulnerada al no ser consultados de los proyectos.
Mineras enriquecen solo a unos cuantos
Por su parte, los habitantes de la Sierra Norte reiteraron su rechazo a los proyectos mineros en la zona; sostienen que son proyectos que enriquecen a unas cuantas personas, a costa de explotar la tierra y recursos naturales de la región.
Las concesiones extractivistas no apoyan a la economía de la región, pues los beneficios los percibe «un puñado de personas», mientras que algunos pobladores consiguen empleos precarios, reclamaron.
Los afectados remarcaron que «la tierra es sagrada», y por esa razón defendieron la parte alta de la Sierra, donde nace el agua que alimenta a las comunidades de la región, en la que pretendían realizar ilegalmente tres proyectos.
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Foto: Agencia Enfoque
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