Pueblos originarios logran la clausura de megaproyecto chino en Tehuacán

Luis Lozada 

Más de 4 mil personas de comunidades indígenas en Puebla se movilizaron para detener un proyecto agroindustrial chino que amenazaba sus recursos hídricos. Tras horas de bloqueos carreteros y presión popular, el Ayuntamiento de Tehuacán clausuró la obra.

El pasado 10 de abril, habitantes de San Gabriel Chilac, Altepexi, San Marcos Necoxtla y Zinacatepec salieron en defensa del territorio ante la instalación de la empresa “Colorado Bioterra Tehuacán”, de origen chino. La firma pretendía construir invernaderos en un predio de más de 40 hectáreas en la junta auxiliar de San Marcos Necoxtla, una zona rica en recursos naturales, particularmente el manantial La Taza, fuente de agua para las comunidades vecinas.

Las comunidades bloquearon puntos estratégicos como la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, Tehuacán-Teotitlán y la carretera federal México-Veracruz, generando fuerte congestión vehicular. Esta acción fue clave para obligar a las autoridades a responder.

“Este proyecto de la muerte amenaza nuestros mantos acuíferos”, denunciaron los manifestantes, quienes también señalaron la omisión de las autoridades municipales actuales y anteriores. Aseguraron que desde hace tres años se han registrado intentos de apropiación del territorio para proyectos industriales, sin consulta ni consentimiento de los pueblos.

Mientras se realizaban los bloqueos, otra protesta se llevó a cabo frente al Palacio Municipal de Tehuacán, donde los pobladores exigieron diálogo con el alcalde Alejandro Barroso Chávez, del partido Morena. Finalmente, representantes de las comunidades ingresaron al Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo.

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Tras más de ocho horas de movilización, se logró la clausura oficial del proyecto. Autoridades colocaron los sellos en el predio afectado, ubicado entre Tehuacán y Chilac, como resultado de la presión social.

El gobierno municipal aseguró que investigará el caso a fondo y se deslindó de responsabilidad, alegando desconocimiento de los propietarios del terreno y de los permisos de construcción. No obstante, la ciudadanía exige que no se repitan estas violaciones a los derechos territoriales y ambientales.

Fotografía: Redes

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