México – La Cámara de Diputados aprobó, con 323 votos a favor y 123 en contra, una reforma a la Ley de Amparo que limita los efectos generales de las sentencias relacionadas con la inconstitucionalidad de normas generales. Esta modificación, que fue discutida en el pleno de San Lázaro, ha desatado un intenso debate político en el país.
Para los partidos de la coalición mayoritaria, la reforma busca frenar lo que consideran un «abuso» del amparo en manos de grandes corporaciones y sectores privilegiados. El diputado Emiliano Álvarez López (Morena) argumentó que el juicio de amparo, originariamente un recurso legítimo, ha sido desvirtuado y utilizado por empresas y grupos de poder para frenar políticas públicas en favor de la nación.
«El amparo ha sido usado por empresas contaminantes, evasores fiscales y grandes corporaciones para bloquear regulaciones que protegen el medio ambiente y los derechos laborales«, afirmó el legislador.
La reforma también incluye cambios importantes, como la obligatoriedad de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para todas las autoridades jurisdiccionales. Además, modifica el número de votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de una ley, pasando de ocho a seis.
Esto se busca con el fin de evitar que una minoría pueda bloquear decisiones cruciales para el país.
Por su parte, la diputada Diana Karina Barreras (PT) destacó que la reforma elimina la burocracia en la SCJN y reduce la cantidad de votos necesarios para que las sentencias sean vinculantes. Esto, dijo, facilita la toma de decisiones y evitaría bloqueos innecesarios por parte de minorías.
Sin embargo, los partidos opositores han manifestado su rechazo a la reforma, acusando que con ella se limita el acceso a la justicia y se afecta principalmente a los sectores más vulnerables.
El diputado Guillermo Anaya (PAN) advirtió que la reforma favorece a los sectores con mayor poder económico, pues sólo aquellos con recursos podrán contratar abogados para recurrir al amparo.
Además, criticó la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que, según él, podría usarse como un «instrumento de control» contra los jueces que no se alineen con el gobierno.
En la misma línea, la panista Eva María Vázquez alertó sobre el impacto de la reforma en el acceso a la justicia. Comparó el juicio de amparo con una «vacuna contra la impunidad» que ahora estaría siendo debilitada por la reforma. «Quieren hacer del amparo un privilegio, no una herramienta para el pueblo», lamentó.
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Los legisladores del PRI también se sumaron a las críticas. Arturo Yáñez acusó al gobierno de buscar «concentrar el poder» y advirtió que, sin el amparo como recurso, los ciudadanos perderían la posibilidad de defenderse de abusos de poder.
Fotografía: Redes
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