Reprueba Estado de Derecho en Puebla por deficiencias en justicia penal y seguridad

En Puebla, el Estado de Derecho está estancado y su índice es uno de los más bajos en todo el país, provocado por el déficit, principalmente, en la justicia penal, así como en el orden y la seguridad, reveló la organización internacional World Justice Project (WJP).

De acuerdo con el estudio “Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022”, la entidad poblana tuvo una puntuación de 0.37 de adhesión al Estado de Derecho, en donde 1.00 es la máxima calificación. Asimismo, no hubo un cambio respecto al estudio realizado con la evaluación del año pasado.

El informe, que colocó a Puebla en lugar 27 a nivel nacional como uno de los peores en materia de justicia, evaluó ocho parámetros en los que la entidad tuvo una calificación que va de 0.27 a 0.51 puntos

El World Justice Project define al Estado de Derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente”.

Puebla, último lugar en Justicia Penal

De los ocho parámetros evaluados, Puebla fue el peor calificado en “Justicia penal”, con una puntuación de 0.27. Este factor indica que el sistema no respeta los derechos de las víctimas y de las personas acusadas y hace énfasis en el desempeño de los fiscales, jueces y la policía en todos los casos de agravios.

Puebla se colocó en el último sitio a nivel nacional junto a Ciudad de México, Veracruz y Morelos en este rubro, los cuales registraron una calificación de 0.29.

A su vez, se evaluaron seis subcategorías, en donde la entidad obtuvo el número más bajo en “Investigación eficaz”, es decir, que el sistema de justicia penal poblano carece de recursos, equipos y tecnologías, así como de una formación y capacitación óptima de los agentes encargados.

Además, en materia de “Procuración e impartición de justicia” registró una calificación de 0.22 puntos; en “Derechos de las víctimas”, 0.36; “Debido proceso legal”, 0.32 puntos; “Justicia plena e imparcial”, 0.29; y “Sistema penitenciario seguro”, 0.29.

El crimen de la entidad

Puebla logró apenas 0.32 puntos y se colocó en el número 25 a nivel nacional, en el factor “Orden y Seguridad”, el cual mide las garantías de “seguridad” personal y de “propiedades”. “Es una condición necesaria para el goce de los demás derechos y libertades”, agrega el informe.

En este rubro se evaluaron la “ausencia de homicidios”, con 0.25 puntos; la “ausencia de crimen”, con 0.42 puntos; y la percepción de la inseguridad de las personas y empresas, con 0.28 puntos.

Esta dimensión no incluye delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de personas, entre otros, ya que no son susceptibles de medirse mediante encuestas y no existen datos duros consistentes, homogéneos y de calidad en el país.

“El fenómeno de violencia ocasionada por la delincuencia organizada se captura indirectamente mediante las cifras de homicidios y las percepciones de inseguridad”, cita el estudio.

Cita el estudio.

Ausencia de Corrupción

La organización internacional World Justice Project midió que el estado poblano tuvo 0.33 de 1.00 puntos en la categoría “Ausencia de Corrupción”, lo que llevó a ubicarse en el puesto 24 de las 32 entidades federativas.

La “Ausencia de Corrupción” es definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se analizó las formas de corrupción como transparencia, sobornos, influencias indebidas y la apropiación de recursos públicos.

De acuerdo con las evaluaciones, la “ausencia de corrupción en el Ejecutivo” corresponde a 0.40 puntos; en el Poder Judicial, de 0.35; en el Legislativo, de 0.26; en tanto, las instituciones de seguridad y justicia, fue de 0.26 puntos.

Obstáculos para el acceso a la justicia

Otro parámetro de evaluación es “Justicia civil”, el cual analizó si los poblanos pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema, sin obstáculos ni corrupción.

Puebla logró una puntuación de 0.33 y se colocó en el lugar número 26 en el país.

El estudio calificó ocho categorías. En la relacionada a si las personas conocen sus derechos, se obtuvo 0.31 puntos; en acceso a la información y asesoría legal, 0.37; en justicia asequible, 0.27; en justicia civil e imparcial, 0.36 puntos.

Mientras en justicia civil de calidad, 0.34 puntos; justicia civil expedita, 0.25; ejecución resolutiva de las resoluciones, 0.27; y finalmente en medios alternativos de solución de controversias, 0.48.

Límites al poder gubernamental

Otros de los factores fueron “Límites al poder gubernamental”, el cual midió si influyen los contrapesos institucionales en el quehacer del gobernador, alcalde y demás funcionarios, asimismo, los no gubernamentales, tales como la prensa y organizaciones civiles.

Puebla tuvo una calificación de 0.38 puntos, con la se colocó en el lugar 27 a nivel nacional.

Para los cuales se evaluó si el Legislativo es un contrapeso para el gobierno del estado, con la que la entidad tuvo 0.34 puntos; lo mismo para el Poder Judicial, con 0.39; los organismos de control, 0.27; los contrapesos no gubernamentales, 0.48; las “sanciones por abusos de poder”, 0.40; y “las elecciones se apegan a la ley”, con 0.43 puntos.

Cumplimiento regulatorio en medio ambiente y salud

En “Cumplimiento regulatorio” que mide si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva como en el tema de la seguridad, medio ambiente, salud pública y actividades comerciales, la entidad logró apenas 0.39 puntos, colocándose en el noveno sitio a nivel nacional.

Con 0.35 puntos reprobó la entidad en la eficacia de la normatividad y regulaciones; en la ausencia de corrupción en las normas al realizar pagos o trámites, con 0.67 puntos; la resolución efectiva de los procesos administrativos, 0.35; el respeto al debido proceso con 0.29 y 0.27 puntos en el respeto de los derechos de propiedad.

Sin libertad de expresión

El estudio también calificó los “Derechos fundamentales” que contempla los derechos civiles e individuales. Puebla consiguió 0.41 puntos en esta subcategoría y se ubicó en el penúltimo lugar, solo por delante de Veracruz.

En “libertad de expresión” registró una calificación de 0.78 puntos; “ausencia de discriminación”, 0.35; “debido proceso legal”, 0.32; “libertad religiosa”, 0.76; “derecho a la privacidad”, 0.22; “libertad de asociación”, 0.53; y “derechos laborales”, 0.20.

Mejora en rendición de cuentas

El último factor fue “Gobierno abierto”, definido como aquel que comparte información, empodera a las personas, impulsa la rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana.

Este rubro fue el único donde Puebla logró una calificación por arriba de la media, pero aun así fue reprobatoria, al registrar 0.51 puntos, ubicándose en el sitio 10 de las 32 entidades federativas.

World Justice Project evaluó dos subcategorías, en “participación ciudadana” obtuvo 0.43 puntos; y en “Derecho a la información pública, 0.58 puntos.

México reprobado en Estado de Derecho

Ningún estado del país tuvo una calificación aprobatoria en el índice de Estado de Derecho. De manera general, el estado mejor ubicado fue Querétaro al registrar una calificación de 0.49 puntos.

Le siguió Yucatán, con 0.47; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes y Sinaloa, con 0.46; Durango, Zacatecas y Nuevo León, con 0.45; Baja California Sur y Coahuila, con 0.44.

Mientras que las entidades peor evaluadas, además de Puebla, fueron Ciudad de México, Estado de México, además de Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35; y Guerrero, con 0.34 puntos.

Ilustración portada: Iván Rojas

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