El magistrado presidente de la Primera Sala en Materia Penal y Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Joel Daniel Baltazar Cruz, ordenó la reposición del procedimiento por el delito de estupro en contra de Ramón N.
El hombre fue señalado y denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por su expareja Miriam Vázquez, por violencia vicaria y abuso sexual en contra de una de sus hijas, hijastra del acusado.
La decisión tomada por el magistrado deja sin efecto el auto de vinculación dictado en su contra, así como las medidas cautelares, como el firmar su libertad condicional en la Casa de Justicia de Huachinango, disposición que ha incumplido en dos ocasiones.
Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, informó que el juez de Oralidad Penal en Huauchinango, Lucio León Mata, fue suspendido temporalmente por fallar a favor del presunto agresor sexual.
Lo anterior, porque el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla señaló que el juez cometió un error al reclasificar un supuesto delito de violación sexual a estupro en contra de una menor de 14 años de edad.
¿Qué fue lo que pasó?
A mediados del mes de julio, Miriam Vázquez, una mujer originaria de Huachinango, acudió a las inmediaciones de la FGE para solicitar la intervención de las autoridades estatales, luego de que denunciara a su ex pareja, Ramón N, por violencia vicaria.
También, comentó que el implicado abusó sexualmente y embarazo a su hijastra cuando tenía 14 años de edad y lo acusó por el delito de violación.
Un mes después, Ramón N fue asegurado por personal de la FGE; sin embargo, el caso fue analizado por el juez de Oralidad Penal en Huauchinango, quien reclasificó el supuesto delito de violación sexual como estupro.
También comenzó una investigación por el presunto delito de nepotismo y tráfico de influencias, pues el acusado fue señalado como hermano de uno de los jueces del mismo Tribunal, Celestino Martínez.
El 7 de septiembre, el presidente de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, Jared Albino Soriano, resolvió la medida cautelar por responsabilidad administrativa R-35/2022 y acreditó el error al reclasificar el delito.
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Foto: Especial
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