Rivera espera respuesta de SCJN a controversia por ley de comunicación

Desde el 15 de febrero, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) recibió la controversia constitucional que el Ayuntamiento de Puebla interpuso por medio de la síndica municipal, Guadalupe Arrubarrena García, en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación, que conforman el «Plan B» de la Reforma Electoral.

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En específico, la controversia registrada bajo el expediente 37/2023 va en contra de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2022.

La controversia constitucional por parte de la Comuna deriva de inconformidades con las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que estableció que los gobiernos sólo pueden destinar el 0.1 por ciento de su presupuesto a este rubro, lo cual fue considerado una imposición en el tope de gastos.

El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, declaró la semana pasada que la ley establece la autonomía de los distintos órdenes de gobierno, incluido el destino del gasto público, por ello, informó que se sumaría a una impugnación a estas modificaciones.

«Hay órdenes de gobierno que hay que respetarse, el federal, el estatal y municipal; la misma ley constitucional establece la autonomía de gobiernos municipales en diferentes decisiones, entre ellas, el gasto público»

Eduardo Rivera Pérez
Presidente municipal de Puebla
(declaración hace semanas)

Hasta el momento, alcaldes de ciudades como Querétaro, Campeche, Durango, Chihuahua, Morelia, Hermosillo, Monclova y Naucalpan de Juárez son algunos de los que se han sumado a la controversia constitucional.

Foto: Agencia Enfoque

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