Piden cárcel para quienes filtren información clasificada del gobierno en Puebla

Para evitar la filtración de información gubernamental, clasificada como reservada, que pueda poner en riesgo a la población, el Congreso de Puebla propuso sancionar a quien la divulgue con nueve años de cárcel.

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Los castigos también aplicarán para los llamados hackers, en un intento de frenar la utilización de medios informáticos para manipular y compartir datos, tal como ocurrió con el grupo Guacamaya Leaks.

El legislador petista José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez presentó una iniciativa para reformar los artículos 477 y 478 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Por lo anterior, se considerará como delito la divulgación de información en materia de seguridad, clasificada cómo reservada o confidencial.

Además, las sanciones aumentarán en caso de que los datos compartidos tengan relación directa con temas de seguridad, pues su exposición puede afectar investigaciones o poner en riesgo a la sociedad.

Según el documento, en el estado de Puebla hay 45 expedientes de la Secretaría de Seguridad Pública clasificados como reservados, así como cuatro expedientes con esa misma clasificación por el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sanciones para personal no autorizado

De acuerdo con la propuesta, la modificación, sustracción o divulgación de información contenida en sistemas informáticos del Estado se castigará con dos a cinco años de prisión y de 200 a 600 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, de 19 mil 244 a 57 mil 732 pesos.

Además, a quien copie, utilice o divulgue información en materia de seguridad pública, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres a seis años de cárcel y de 300 a 600 UMAS, lo que corresponde a 28 mil 866 y hasta 57 mil 732 pesos.

“Las sanciones aumentarán hasta una mitad más si la información es clasificada como reservada o confidencial”, por lo que las penas podrían alcanzar hasta nueve años de prisión y 86 mil 598 pesos.

Castigos para burócratas que filtren información

En tanto, cuando la persona esté autorizada para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado y modifique, sustraiga o divulgue de información, se castigará con dos a cinco años de cárcel y multa de 500 a mil UMAS, lo que representa 48 mil 110 a 96 mil 220 pesos.

La pena aumentará en una mitad “si la información es clasificada como reservada o confidencial, o si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública”, es decir, podrá pasar hasta siete años y seis meses en prisión y pagar 144 mil 330 pesos.

Además, el responsable “será destituido e inhabilitado por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública”.

Foto: Agencia Enfoque

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