La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) dio a conocer la apertura de 71 carpetas de investigación por abuso sexual y maltrato infantil en cinco guarderías de Ciudad Juárez, donde las víctimas son niños y niñas de entre dos y seis años. Las agresiones han ocurrido desde enero de este año y han sido detectadas tanto en estancias privadas subrogadas por el IMSS como en una guardería pública del Issste.
El Estado ha fallado en garantizar la seguridad de la infancia, mientras madres y padres confiaban a estas instituciones el cuidado de sus hijos e hijas. Según informaron en conferencia de prensa el fiscal estatal César Jáuregui Moreno y la fiscal especializada Wendy Chávez Villanueva, se realizaron evaluaciones psicológicas y médicas a 218 menores, y en 71 de estos casos se identificaron signos claros de violencia sexual, lo que llevó a la apertura inmediata de carpetas judiciales.
Los abusos ocurrieron en cinco centros diferentes, sin conexión aparente entre ellos, lo que derriba la hipótesis inicial de una red organizada de trata o pornografía infantil. Sin embargo, el patrón común de negligencia e impunidad institucional evidencia una crisis estructural en los sistemas de supervisión de estancias infantiles, tanto públicas como privadas.
Entre las guarderías investigadas se encuentra Mi Mundo de Colores, donde 107 menores fueron examinados y se abrieron 34 carpetas; en este caso se han identificado como presuntas responsables a Rosa Iveth V.G. (actualmente en prisión preventiva) y Sonia Yasmín C.L., cuyo proceso está en pausa por un amparo. En la guardería Loon, se realizaron 53 revisiones y se iniciaron 15 investigaciones, con Lourdes Z. M. como principal sospechosa, ya detenida.
La guardería Niñito Jesús acumula dos carpetas abiertas, mientras que Mi Pequeño Tambor tiene también dos casos, uno de ellos judicializado y con orden de aprehensión ejecutada contra Teresa Johana T. R. Finalmente, en la EBDI número 32 del Issste, se realizaron 48 valoraciones médicas y psicológicas y se abrieron 18 carpetas. Debido a su carácter federal, este caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR).
La violencia institucional no puede seguir siendo invisible. En lugar de respuestas rápidas y efectivas, la reacción de las autoridades ha sido tardía y fragmentada. Solo dos personas están detenidas hasta ahora, mientras otras dos cuentan con órdenes de aprehensión pendientes. La EBDI número 32 fue cerrada de manera provisional, pero esto no resuelve el problema de fondo: la falta de protocolos efectivos de supervisión, prevención y respuesta ante denuncias de abuso infantil.
Esta cadena de omisiones por parte de instituciones como el IMSS, el Issste y autoridades estatales ha detonado una ola de exigencias de justicia por parte de familiares, organizaciones sociales y colectivos feministas, quienes advierten que no se trata de “casos aislados”, sino de una crisis sistemática de violencia contra la infancia.
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“Debemos proteger a la infancia, no revictimizarla con burocracia e impunidad”, expresó una abogada de víctimas en Ciudad Juárez, al subrayar que este tipo de casos no puede quedar sepultado en expedientes judiciales sin resolución ni castigo. La exigencia es clara: no más silencio, no más negligencia, no más abusos impunes en los espacios donde las infancias deberían estar más seguras.
Fotografía: Redes
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