Cuatro personas acusadas de participar en los desvíos de recursos de Seguridad Alimentaria (Segalmex), fueron vinculados a proceso por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México.
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Son acusados por participar en la compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar.
Al exdirector de asuntos jurídicos de la institución, Carlos Antonio Dávila Amerena, se le otorgó la libertad por falta de pruebas. Era el funcionario de más alto nivel detenidos por el caso de Segalmex.
El juez Gregorio Salazar Hernández, consideró insuficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Amerena y por ello dictó auto de libertad para el funcionario.
Después de darse a conocer la resolución, el Ministerio Público Federal, presentó un recurso de apelación contra la resolución, pero el exdirector jurídico de Segalmex podrá salir del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.
Entre los exfuncionarios y presuntos involucrados por los desvíos de Segalmex, se encuentran el exdirector del almacén en Querétaro, Simón Escobar Copca, la excoordinadora de Control Presupuestal de Lincosa, Patricia Hernández Rojas, el ex subjefe del Almacén de San Luis La Paz, en el estado de Guanajuato, Artemio Gutiérrez, así como Jorge Romero Valencia, accionista de la empresa Carregin, quien se habría encargado de simular la compra de la azúcar.
La FGR anunció, la semana pasada, que había obtenido 22 órdenes de aprehensión por una presunta adquisición de 7 mil 800 toneladas de azúcar que Diconsa compró a la empresa Servicios Integrales Carregin SA de CV durante la pandemia y Segalmex nunca pudo comprobar su entrega.
Detalló que las medidas eran en contra de 12 exservidores públicos de Segalmex, 4 son personas que tienen relación con la empresa señalada y 6 fueron los beneficiarios de los recursos desviados por la filial de Segalmex, Diconsa.
Los vinculados a proceso seguirán en prisión y enfrentarán proceso penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Foto: Archivo El Ciudadano
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