Segob es sede del segundo encuentro con colectivos de búsqueda de personas

En un nuevo esfuerzo por atender la grave crisis de desapariciones en el país, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó el segundo encuentro nacional con colectivos de búsqueda, acompañado por familiares de personas desaparecidas de siete estados: Puebla, Morelos, Baja California, Jalisco, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México.

A la reunión se sumaron voces críticas y exigencias directas: familiares y activistas demandaron que los funcionarios públicos que obstruyen o incumplen su labor no sólo enfrenten sanciones administrativas, sino procesos penales. “Muchos de estos servidores públicos son los que ponen el pie para no encontrar a las personas”, denunció Jaquelín Palmeros, madre de Monserrat, desaparecida en 2020 y localizada sin vida en 2023.

La exigencia de justicia fue contundente: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”, corearon familiares al inicio de la jornada, donde cada uno de los 50 participantes tomó la palabra para nombrar a su ser querido ausente.

Participaron también representantes de la Iglesia católica, como Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y el obispo Francisco Javier Acero Pérez, acompañante de víctimas. Se sumó también el sacerdote Jorge Atilano González Candia, del Diálogo Nacional por la Paz.

Desde las víctimas: el abandono institucional y la revictimización

Durante el encuentro, colectivos como la Brigada Nacional de Búsqueda y Voz de los Desaparecidos en Puebla, compartieron experiencias marcadas por la impunidad, la negligencia y la indolencia institucional. María Herrera Magdaleno, quien busca a cuatro de sus hijos, y María Luisa Núñez Barojas, fundadora de Voz de los Desaparecidos, reiteraron la urgencia de cambios estructurales.

En entrevista previa, Palmeros expresó el hartazgo frente a “la apatía, la insensibilidad y el desconocimiento” de autoridades que, lejos de facilitar, entorpecen el acceso a la justicia. También criticó la exposición indebida de datos biométricos y la falta de un método eficiente para nuevos y viejos casos.

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La ciencia también es deuda: miles de restos sin identificar

Fernando Oceguera, de Unidos por los Desaparecidos, exigió avances en las pruebas genéticas ligadas al caso de Santiago Meza López, alias “el Pozolero”, en Baja California. Denunció que aún existen 16 mil 500 litros de emulsión orgánica sin procesar, equivalentes a los restos de más de 700 personas.

Sin prensa, sin testigos: el encuentro se realizó a puerta cerrada, como confirmó la Secretaría de Gobernación, alegando motivos de seguridad y secrecía de las investigaciones. La reunión se extendió por más de tres horas.

Fotografía: Redes

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