En un proceso legislativo calificado como acelerado por la oposición, las comisiones del Senado aprobaron este jueves la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual será votada en el pleno el próximo lunes. El dictamen fue avalado por mayoría con 29 votos a favor de Morena y sus aliados, y 9 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes acusaron un “albazo” legislativo y alertaron sobre riesgos a la libertad de expresión.
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La iniciativa restituye la prohibición para que medios de comunicación y plataformas digitales transmitan propaganda de gobiernos extranjeros, al tiempo que concentra funciones regulatorias en una nueva entidad: la Agencia de Transformación Digital y Radiodifusión, que reemplazará al desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Durante la presentación del dictamen, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, destacó que la ley reglamenta los artículos 6º y 28 constitucionales, y permitirá una gestión más eficiente y equitativa del espectro radioeléctrico. “Se busca garantizar el acceso universal a servicios digitales para todos los sectores, incluidos pueblos indígenas y comunidades afromexicanas”, sostuvo.
Uno de los puntos más polémicos fue el artículo 109, que otorga facultades a la Agencia para solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales, en caso de que incumplan las disposiciones legales. Además, establece que la misma Agencia emitirá los lineamientos para dicho procedimiento.
La oposición advirtió que esta disposición abre la puerta a la censura. “Es un retroceso autoritario. Le están dando al gobierno el poder de bloquear redes sociales, aplicaciones, sin orden judicial ni contrapesos”, denunció el coordinador del PRI, Manuel Añorve. Por su parte, el panista Ricardo Anaya calificó la norma como “la ley censura”, mientras que Alejandra Barrales (MC) alertó sobre la concentración de poder en la Agencia, que podrá decidir qué plataformas bloquear.
En respuesta, la senadora del PT, Lisbeth Sánchez García, defendió la medida asegurando que busca frenar la injerencia extranjera y proteger la soberanía nacional. “No se trata de censura, sino de evitar que se utilicen medios para sembrar odio o dividir al país”, argumentó.
El artículo 210 de la ley establece que los concesionarios de radio, televisión y servicios restringidos no podrán transmitir propaganda política o ideológica proveniente de gobiernos extranjeros, salvo en casos relacionados con turismo o cultura. Las violaciones podrían derivar en multas de hasta el 5% de los ingresos de la empresa infractora.
También generaron debate las nuevas causales para revocar concesiones, entre ellas razones de seguridad nacional, interés público o la introducción de nuevas tecnologías. Aunque el dictamen fue aprobado sin modificaciones, los senadores Álvarez Lima y Enrique Inzunza no descartaron ajustes durante la discusión en el pleno.
Con la votación prevista para el lunes, el Senado podría definir una legislación que marcará un giro en la política de telecomunicaciones del país, entre acusaciones de autoritarismo y promesas de inclusión digital.
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