En la colonia “1 de Junio”, a las faldas del cerro Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, el agua no sale de la llave hasta por períodos de cuatro semanas.
“Cae un ratito en la madrugada y luego no vuelve a haber agua por muchos días”, cuenta María Fernanda Rodríguez.
En esta colonia nació y creció. En sus 26 años de vida no recuerda haber pasado por una situación de escasez de agua extrema.
“Es desesperante no tener agua para nada, tener que esperar la pipa y formarte para ver si te toca llenar unas cubetas”, dice.
El 2 de febrero de 2022 el gobierno de Nuevo León emitió la Declaratoria de Emergencia por Sequía en el Área Metropolitana de Monterrey, la segunda urbe más poblada de México, con 5.3 millones de habitantes.
La ausencia de lluvias provocó el desabasto en las principales fuentes de agua para uso público urbano y doméstico de la Zona Metropolitana: las presas Cerro Prieto, La Boca y el Cuchillo.
“Se suspenden todas las actividades que por su naturaleza ameriten el uso excesivo de agua”, se ordena en la declaratoria.
A partir de la publicación, el organismo público Servicios de Agua Potable y Drenaje de Monterrey (SAPD), que abastece a los 13 municipios del Área Metropolitana, impuso medidas para racionar el agua a los hogares, con el fin de reducir el desperdicio.
Margarita Ortega, residente del residencial Altamura, en Apodaca, ha extremado medidas para cuidar el agua desde febrero, reciclando lo más que se puede. Sin embargo, la escasez se ha recrudecido con los meses.
“Al principio era de que tres horas no va a haber agua, lo manejaban por municipios; luego que un día, los lunes. Ya ahorita ni siquiera están avisando cuando habrá cortes en el suministro, simplemente lo hacen. Un día si hay y luego ya tres no tenemos”, detalla.
La compra de un tinaco ha sido una solución parcial, se llena cuando cae agua. Ese debe alcanzar a la familia para el uso de varios días, en lo que vuelve a salir agua de la llave.
El cambio climático está cobrando factura a Monterrey, refirió Antonio Hernández Ramírez, del Grupo Ambientalista del Noroeste. Para él, hay dos problemas clave: la sequía de las fuentes de agua superficiales, es decir, las presas, y el acaparamiento del agua subterránea por parte de privados.
La Ley General de Aguas Nacionales indica en el artículo 20 que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) o por medio de los Organismos de Cuenca. La misma Ley indica que el otorgamiento de dichas concesiones debe tomar en cuenta la disponibilidad media anual del agua.
Las 20 compañías privadas y 20 personas físicas con mayor volumen de agua subterránea concesionada en la Zona Metropolitana de Monterrey tienen una capacidad de extracción de mil 632 litros de agua por segundo, principalmente para fines industriales y agrícolas.
Esa cantidad representa más del 50% del déficit de 3 mil litros por segundo que afecta a más de 1.3 millones de habitantes, principalmente en las colonias periféricas, según dio a conocer Germán Martínez Santoyo, director de la Conagua.
Ternium S.A de C.V, del ramo siderúrgico y fundada en Luxemburgo, es la empresa con el mayor volumen de agua concesionada en la Zona Metropolitana y en todo Nuevo León, con 26 títulos de concesión vigentes. En conjunto, estos suman 11 millones 841 mil 457 m3 anuales, es decir, 374.4 litros por segundo, de acuerdo con la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), actualizada hasta 2022.
Su filial, Hylsa, fundada por el empresario Roberto Garza Sada, cuenta con otros dos títulos de concesión adicionales, que suman 1 millón 135 mil 296 m3 por año.
La segunda compañía con más agua disponible también fue fundada por el magnate Roberto Garza Sada. Se trata de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A de C.V, que fabrica las cervezas de las marcas comerciales Heineken, Sol, Superior, Dos Equis, Indio, Tecate, Carta Blanca, Bohemia, Noche Buena, Coors Light, entre otras. La cervecera cuenta con una disponibilidad total de 6 millones 845 mil 600 m3 cada año.
Industria de Alcali S.A de C.V, dedicada a la dedicada a la producción y comercialización de carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de calcio, se posiciona en el tercer lugar entre las empresas que disponen de más agua, con un volumen anual de 4 millones 457 mil m3.
La cuarta compañía con el mayor volumen de agua concesionada es el conglomerado Alfa Subsidiarias S.A de C.V, también fundada por Roberto Garza Sada, con capacidad 3 millones 088 mil 788 m3.
En el quinto lugar se encuentra la embotelladora más grande en México de Coca Cola Company, Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C.V, con un dispendio de 2 millones 800 mil 481 m3 al año, de los cuales 1 millón 295 mil 481 m3 cuentan con concesión de uso como “servicios” y no como uso industrial.
El agua en manos de particulares se concentra principalmente en usos agrícolas, mismas que están exentas de pago de derechos, según lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley Federal de Derechos.
Manuel García Cirilo, notario público de la Notaría 62 de Nuevo León, es la persona con más agua concesionada en la zona metropolitana. Posee 8 títulos para la extracción de agua subterránea en el municipio de García, que suman en total 1 millón 680 mil m3 anuales.
García Cirilo también se desempeñó como coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Nuevo León, durante la gestión del entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
Fernando Uzcanga Rodarte, empresario vinculado a la siembra de trigo, dispone de 1 millón 239 mil m3; le sigue Sigifredo Lozano Treviño, con 1 millón 140 mil 480 m3; Virgilio Garza Treviño, 619 mil 500 m3 y Rodolfo Santos Ruiz, con 600 mil m3.
En los 13 municipios que conforman la Zona Metropolitana hay 4 mil 161 títulos de concesión de agua subterránea, con posibilidades de extracción de 293 millones 342 mil 043 metros cúbicos de agua. El 44% del volumen total corresponde al organismo de abastecimiento público urbano, SADM, mientras que el 56% restante es administrado por privados.
Otro tipo de concesión es la de uso doméstico, a través de la cual particulares pueden autoabastecerse.
La mayor cantidad de agua concesionada para uso doméstico se concentra en el municipio de San Pedro de los Garza.
“¿Por qué en el municipio donde viven los más ricos, las albercas están llenas, y en las zonas marginadas no llega el agua?”, cuestionó Antonio Hernández.
Para hacer frente a la sequía que atraviesa Nuevo León, el gobierno federal tomó la decisión de recurrir a una medida drástica: tomar los derechos de concesión.
El pasado 29 de julio fue publicado el decreto que establece las medidas de acción inmediata,
“Por ser causa de utilidad pública, de interés público y un asunto de seguridad nacional, se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes, mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados”, se lee en la publicación.
Con ello, se busca distribuir parte del agua subterránea al uso público-urbano y doméstico. Cuando la contingencia pase, los concesionarios podrán volver a utilizar los mismos volúmenes de agua, se explica.
Se trata de una solución provisional. El problema de Monterrey radica principalmente en la dependencia del agua superficial de las presas para la dotación de agua a los hogares, mientras que los grandes consumidores industriales y agrícolas se autoabastecen de los acuíferos subterráneos, enfatizó Hernández Ramírez.
De las presas El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca se obtenía el 60% del agua para el abasto de toda la Zona Metropolitana, de acuerdo con los datos presentados en el Plan Hídrico Nuevo León 2050.
La Boca, ubicada a unos 30 kilómetros de la zona urbana, aportaba un promedio de 920 litros por segundo. Cerro Prieto, a unos 135 km de Monterrey, tenía un aporte de agua asignado para el área metropolitana de 5 mil 300 litros por segundo.
En tanto, El Cuchillo, que se localiza sobre el río San Juan en el municipio de China, tiene una asignación para Monterrey y municipios conurbados de 4,780 litros por segundo.
Pero esa capacidad de extracción no existe ahora. El pasado 25 de julio el observatorio terrestre de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) de Estados Unidos documentó la disminución extrema de agua en la presa Cerro Prieto, en una comparativa entre el 20 de julio de 2015 y el 7 de julio de 2022.
Este embalse, construido en 1980, con una capacidad de 393 millones de metros cúbicos, redujo su capacidad a apenas el 0.5%.
Esta no es la primera vez que la población de Nuevo León atraviesa por un proceso de escasez de agua. David Ortega-Gaucin, investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, documentó en el libro “Impacto de las sequías en Nuevo León”, al menos 28 periodos críticos entre 1868 y 2012.
Algunos eventos de sequía provocaron la pérdida de cultivos superiores a 40 mil hectáreas, muerte de ganado y la migración de campesinos a las ciudades.
La sequía ocurrida entre 2011 y 2012, apuntó el especialista, puso en relieve la vulnerabilidad del sector rural y la poca capacidad para afrontar esas condiciones.
La publicación, realizada en 2013, hasta ese momento, centró la problemática en las zonas rurales y no en la vulnerabilidad de la población de la zona metropolitana, que tiene un consumo anual superior a 200 millones de metros cúbicos anuales, unos 6 mil 300 litros por segundo.
El derecho al agua
El artículo 4 de la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, refiere que el Estado es el encargado de hacer valer este derecho.
“Cuando la gente se tiene que formar y pelear para alcanzar agua de la pipa no se está respetando ese derecho”, aseveró el abogado Jaime Noyola, quien ha interpuesto más de 50 amparos contra el desabasto doméstico y las tarifas excesivas.
El gobierno de Nuevo León estableció días de corte para el suministro de agua en los hogares que no se ha cumplido. Sin embargo, aseguró, hay familias a las que el recibo les ha llegado de hasta 76 mil pesos.
“Están cobrando el agua sin recibir agua, hay colonias que tienen semanas que no cae una gota y tampoco llegan las pipas, las están dejando vulnerables. Hay adultos mayores que no pueden acarrear agua, personas enfermas que necesitan agua sí o sí”, indicó.
Por otra parte, coincidió en que los sectores privilegiados de la zona metropolitana, como la demarcación de San Pedro Garza García, cuentan con agua suficiente.
“Ahí en San Pedro, donde viven los empresarios y políticos, hay campos de golf verdes, albercas llenas, jacuzzis. Lo que vemos es una discriminación en el reparto del agua”, agregó el abogado.
Una de las primeras personas en ampararse fue Sebastián Banda González, residente de la colonia Centro de Monterrey.
Banda Gonzalez, como gran parte de la población de la ciudad, ha tenido que ajustarse a los criterios de distribución del agua y a cuidar el uso de cada litro que llega a su casa, pero reclama que las medidas para hacer frente al problema solo han recaído en los consumidores domésticos.
“Culpan únicamente al ciudadano, hablan de multas focalizadas, de cuestiones como que hay que bajarle a al excusado una sola vez, no regar las plantas, bañarse rápido, que si bien es algo en lo que todos debemos hacer conciencia, las medidas no toman en cuenta al sector industrial y de servicios. Nosotros estamos siendo restringidos, pero ellos no”, dijo.
El “éxito” del desarrollo desmedido
“Somos víctimas de nuestro éxito”, declaró el gobernador de Nuevo León, Samuel García ante medios de comunicación el pasado 25 de julio.
El mandatario estatal hizo referencia al crecimiento poblacional impulsado por el desarrollo industrial sin planeación ni proyección hídrica.
Para Antonio Hernández la crisis de agua que atraviesa la población no es casualidad, sino consecuencia de decisiones políticas.
“Hay crecimiento poblacional y de infraestructura sin regulación, degradación de las cuencas, turismo desmedido, falta de programas para el cuidado del agua”, dijo.
El Plan Hídrico Nuevo León 2050, coordinado por el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey A.C, se creó en 2015 como un instrumento guía para las políticas públicas en materia hídrica, pero su implementación ha sido obsoleta, añadió el activista.
El documento plantea, con base en una proyección de crecimiento, que para el 2050 la demanda de agua para uso doméstico sobrepasará los 307 millones de m3 anuales, más del 50% del consumo actual.
Del 2000 al 2020 la superficie de uso urbano del Área Metropolitana de Monterrey creció 39%, al pasar de 45 mil 518 a 74 mil 201 hectáreas, de acuerdo con un análisis de Gustavo Garza Villareal, investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México (Colmex).
El agua no es un recurso inagotable, remarcó Antonio Hernández. Las zonas de captación pluvial cada vez están más afectadas por la tala e incendios, cada año el calentamiento global se agudiza y cada vez más se usa más agua para la producción industrial masiva.
“Es un modelo de consumo que no es sostenible”, señaló.
Ley de Aguas Nacionales, el problema de raíz: Agua Para Todxs
El acaparamiento de grandes cantidades de agua por empresas privadas y particulares tiene un vicio de origen, la Ley de Aguas Nacionales, afirmó Alejandra Parás, vocera de la coordinadora Agua Para Todxs, que aglutina a organizaciones defensoras del agua en todo el país.
Con las reformas aprobadas al Artículo 4 de la Constitución para incorporar el derecho al agua para todas y todos los mexicanos , el 8 de febrero de 2012, Congreso de la Unión contaba con 360 días naturales para publicar una nueva Ley General de Aguas que garantizara dicho derecho, conforme a lo establecido en el Artículo 3 Transitorio.
Sin embargo, a nueve años y medio la Ley no ha sido publicada. Ni siquiera ha llegado al Pleno de alguna de las Cámaras, diputados y senadores.
Para Alejandra Paras, la aún vigente Ley de Aguas Nacionales propicia el acaparamiento de agua a través del sistema de concesiones. También a esa razón atribuye la resistencia de la iniciativa privada a una nueva Ley.
“El acaparamiento no es una cuestión exclusiva de Monterrey. La ley actual es el problema de raíz, el cáncer que está acabando con el agua en México. Abre la llave a las empresas y tiene muchos dientes para el pequeño consumidor”, dijo.
En enero pasado la Suprema Corte de Justicia resolvió 11 controversias constitucionales interpuestas por municipios de Chihuahua en contra del Congreso de la Unión, por ser omiso a las indicaciones de expedir una Ley en el tiempo establecido, por lo que se conminó a los legisladores a emitir una Ley antes del 30 de abril, indicación que no fue cumplida.
La activista expuso que hay intereses económicos para no legislar en la materia. Por ejemplo, dijo, Mario Mata Carrasco, ex integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados que se opuso abiertamente a la Ley, tiene concesiones agrícolas en Chihuahua.
La vocera de Agua Para Todxs aseveró que no se trata de modificar la Ley existente, sino que se requiere una nueva que resuelva el problema de fondo no solo para Monterrey, sino para todo el país.
“No se trata solo de la agricultura, la industria o las inmobiliarias, son diferentes y múltiples categorías asociadas a grandes capitales que operan bajo la misma lógica de extracción y consumo”, concluyó.
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Foto: Especial
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