Empresas en Puebla están cambiando su ubicación hacia municipios que carecen de la infraestructura necesaria para imponer sanciones por la contaminación de las aguas del río Atoyac, denunciaron autoridades locales. Según Francisco Muñoz, presidente de la Asociación Poblana de Empresas de Medio Ambiente (Apema), las industrias buscan evadir las multas relacionadas con la descarga de aguas residuales contaminadas o la falta de permisos al trasladarse a demarcaciones con poca capacidad de vigilancia.
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Muñoz explicó que, aunque la normativa para la protección de cuerpos de agua es de ámbito federal, son los municipios quienes deben aplicar las sanciones correspondientes. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con las herramientas legales ni los recursos para hacerlo, ya que no tienen en su Ley de Ingresos y Egresos el cobro de sanciones por contaminación. A menudo, las empresas trasladan sus operaciones a juntas auxiliares donde la legislación es prácticamente inexistente, y donde la vigilancia de las autoridades es mínima.
El presidente de Apema precisó que, actualmente, solo cinco de los 22 municipios por los cuales atraviesa el Atoyac tienen la capacidad legal de sancionar a las industrias que descargan contaminantes al río. Estos municipios son Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Amozoc.
Aunque algunas industrias contaminan de forma deliberada, Muñoz destacó que existen otras que lo hacen por desconocimiento de las regulaciones ambientales del país. En este sentido, aseguró que las autoridades deben hacer un esfuerzo por mejorar la capacitación y difusión sobre las normativas existentes.
En cuanto al rescate del río Atoyac, el líder empresarial reconoció los esfuerzos del gobierno federal, que ha implementado un Plan Nacional Hídrico para la recuperación de cuerpos de agua como el Atoyac, el Lerma-Santiago y el Tula. Sin embargo, opinó que un sexenio no es suficiente para lograr la recuperación de estos afluentes, citando el caso de Alemania, donde el saneamiento de ríos tomó más de 40 años.
Finalmente, Muñoz cuestionó la eficacia de las plantas tratadoras de agua instaladas en diversas regiones, señalando que muchos de estos proyectos han sido un negocio más que una solución real, ya que no garantizan el funcionamiento adecuado de las plantas a largo plazo. Para lograr avances sustanciales en el saneamiento, propuso que se debe buscar una mayor integración entre las medidas legales y las soluciones técnicas.
Foto: El Ciudadano
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