En los últimos tres años, seis poblanos han ingresado al Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales están sentenciados por incurrir en violencia política de género contra las mujeres.
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En el padrón están inscritos cuatro exalcaldes, señalados por impedir a regidoras el ejercicio de sus funciones, mediante condicionamiento de pago o delegarlas de sus labores en el Cabildo.
También hay dos ciudadanos, uno de ellos director de un medio local y otro exintegrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes fueron sentenciados por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), por comentarios despectivos a mujeres que participan en el ámbito político.
La inscripción implica que los agresores tendrán suspendidos sus derechos político-electorales hasta que dejen el registro, por lo que no pueden ser postulados para un cargo de elección popular.
Bernardino Aquino Beléndez, expresidente municipal de San Antonio Cañada, entró al padrón en noviembre de 2022 y permanecerá hasta el 17 de abril de 2030. El exedil fue sentenciado por condicionar el pago de dietas a una regidora, a quien delegó del Cabildo y en cambio la ocupó para “tequio o faena”.
Quien también permanecerá más de siete años sancionado es Omar Arteaga Ortigoza, expresidente municipal de Tuzamapan, quien incurrió en expresiones “que demeritan la capacidad de la denunciada”, quien era regidora.
Tras ser amonestado en julio 2022, el exalcalde estará en el padrón hasta el 20 de febrero 2030, por no permitir a la regidora víctima ocupar el cargo.
Hasta 2028 estará inhabilitado el otrora presidente municipal de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, quien incurrió en “conductas basadas en aspectos de género, encaminadas a obstaculizar el ejercicio de las funciones de la víctima, como regidora electa”.
De igual forma, el expresidente municipal de Santiago Miahuatlán, Edmundo Jesús Ramírez Castillo, quien está sentenciado hasta el 2 de agosto de 2028, por “expresiones que denigran a la víctima y obstaculización de su cargo”, en este caso una regidora.
Serán siete años los que el comunicador Gerardo Ruiz Herrera permanecerá en el padrón de agresores del INE, tras ser inscrito en julio 2021 y, hasta el 7 de mayo de 2028, por sus comentarios contra la diputada federal panista, Genoveva Huerta Villegas.
Por su parte, el exmilitante priista Luis Gabriel Rodríguez Martínez estará en el registro hasta el 24 de noviembre de 2025, por una publicación que “cosifica y deslegitima” a la exregidora suplente de Tehuacán, Yocelin Diego Cortez.
En próximos días será inscrito el regidor de San Martín Texmelucan, José Galindo Yamak, por un periodo de dos años y dos meses, por declaraciones que configuraron violencia política de género contra la alcaldesa Norma Layón Aarun.
De igual forma, un columnista y el dueño del medio regional The Mixteca Times pasarán seis y tres meses, respectivamente, en el registro, por la difusión de una publicación que configura violencia política contra la excandidata a la alcaldía de Jolalpan, Olga Rosas Parra.
Eduardo Alcántara, diputado panista.
En el padrón podría inscribirse al diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, quien fue sentenciado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), aunque queda pendiente una impugnación en la Sala Superior.
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Foto: Agencia Enfoque
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