México registró un nivel histórico de homicidios en el año 2017 con un total de 31.174 casos, lo que significa una tasa de 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes, un récord histórico por hechos de violencia que tiñe de rojo a miles de familias.
La cifra es mayor en 6.615 casos a los regstrados en 2016, cuando la tasa fue de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reseñó el portal Proceso.
En 2017, la violencia se desbordó en el país y tocó niveles que ni siquiera fueron alcanzados en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), quien le declaró la guerra al narcotráfico y dejó miles de víctimas a lo largo del territorio nacional.
De acuerdo con un informe dado a conocer en 2013, también por el Inegi, durante el primer año de gobierno de Calderón la cifra de homicidios fue de 8.867, menor a la registrada durante 2006, último año de gobierno de su antecesor, Vicente Fox Quesada, que fue de 10.452 homicidios. Sin embargo, a partir del segundo año de gobierno de Calderón, el número de muertes violentas fue en ascenso hasta alcanzar su punto máximo en 2011.
Al actual presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), se le salió de las manos el tema de la seguridad en el país, ya que no sólo se elevaron los homicidios, sino también el robo de vehículos que tuvo un nivel récord a lo largo de este sexenio, según informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la semana pasada.
En las entidades federativas, en algunos casos la cantidad de asesinatos prácticamente cuadruplica la tasa a nivel nacional: Por ejemplo, en Colima, la tasa fue de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2017. Mientras que en Baja California fue de 60; Baja California Sur, 91; y en Zacatecas 43 casos por 100 mil personas, lo que significa niveles no vistos para cada estado.
El próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido reducir al menos el 30 % los homicidios en los siguientes seis años. Para lograrlo, ha asegurado que experimentará “con todo”. En su estrategia contempla la legalización de algunas drogas, un plan de pacificación -que incluye generar empleo para los jóvenes en áreas vulnerables- y una amnistía para ciertos delitos, reseñó el portal Público.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que las acciones de violencia ocultan muchas veces el asesinato de líderes sociales y políticos por grupos de paramilitares.