El periodismo mexicano atraviesa una de sus semanas más agitadas. Una filtración masiva de más de 5 terabytes de documentos internos ha dejado al descubierto la existencia de una red secreta de operaciones dentro de Televisa, la televisora más poderosa del país. La investigación, publicada por Aristegui Noticias bajo el nombre de TelevisaLeaks, revela una operación clandestina conocida como “Palomar”, dedicada durante al menos seis años a la manipulación mediática, campañas de desprestigio y desinformación en favor de intereses políticos y empresariales.
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Según la documentación filtrada, entre 2018 y 2024 un equipo interno —coordinado por Javier Tejado Dondé y apoyado por la firma Metrics to Index— diseñó y ejecutó campañas dirigidas a debilitar a figuras públicas incómodas para la empresa, utilizando herramientas como bots, cuentas falsas, videos editados y medios espejo. El alcance de estas operaciones es inquietante: desde políticos como Claudia Sheinbaum y Layda Sansores, hasta empresarios de alto perfil como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, pasando por periodistas independientes como Carmen Aristegui.
La información incluye chats, guiones, videos manipulados y contratos confidenciales que muestran cómo se construyeron narrativas falsas, se fabricaron acusaciones graves —incluidas denuncias por abuso sexual infantil— y se difundieron sistemáticamente en noticieros y redes sociales. Uno de los casos más alarmantes fue el del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, víctima de una campaña de difamación mientras enfrentaba una enfermedad terminal.
Más allá del espionaje digital y las campañas sucias, TelevisaLeaks expone un engranaje complejo de complicidades que alcanza hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos funcionarios, Francisco José Rullán Gutiérrez y Mariana Rocío Franco Rodríguez, habrían colaborado directamente con “Palomar”, poniendo en entredicho la independencia del Poder Judicial. El escándalo también alcanza la cúpula empresarial de Televisa: aunque Emilio Azcárraga Jean dejó la presidencia en 2024, sus sucesores Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez habrían estado al tanto —o incluso implicados— en estas prácticas.
Otro beneficiado clave fue el expresidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar. Los documentos muestran que su imagen pública fue cuidadosamente construida por el equipo de Palomar, desde entrevistas a modo hasta el manejo estratégico de sus redes sociales.
El origen de esta bomba informativa es Germán Gómez García, un exempleado de Televisa que, en enero de 2025, entregó el material a Aristegui Noticias. A pesar de intentos de descalificación —incluyendo señalamientos públicos de su propio tío, el periodista Salvador García Soto—, los documentos han sido verificados y ya han comenzado a generar reacciones en el ámbito político y judicial.
Hasta el momento, ni Televisa ni las autoridades judiciales han emitido un posicionamiento formal. Pero las repercusiones ya son evidentes: el golpe a la credibilidad de la televisora es profundo, sobre todo tratándose de una empresa que cotiza en bolsa y presume de ser referente en información veraz.
TelevisaLeaks no solo expone las entrañas de una operación de guerra sucia. También plantea preguntas urgentes sobre los límites del poder mediático en México, el papel del periodismo independiente y la vulnerabilidad de las instituciones ante la convergencia de intereses económicos, políticos y judiciales.
La sociedad mexicana asiste, una vez más, a una revelación que podría cambiar para siempre la relación entre medios, poder y verdad.
Foto: X
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