En la conferencia matutina de hoy 12 de julio, la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) tardó 27 segundos en dar al gobernador Miguel Barbosa Huerta el nombre del director del Instituto Politécnico Nacional, con quien habría sostenido una llamada telefónica la noche del sábado para discutir la validación de los estudios geohídricos en torno al socavón de Juan Crisóstomo Bonilla.
La titular de la SMADSOT, Beatriz Guevara Manrique, explicó que a través de la Dirección de Seguridad Hídrica, la secretaría a su cargo solicitó al Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios Sobre Medio Ambiente del IPN una propuesta económica y técnica para realizar el estudio correspondiente.
Acto seguido exhibió algunos documentos con el rótulo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que aseguró, eran la propuesta realizada por dicho Centro Interdisciplinario, que contendría el listado de los investigadores que participarían en la misma y firmada por Pedro Rodríguez Espinosa.
Dicha propuesta de estudio tendría un costo de 504 mil pesos, mismos que el Gobierno del Estado aún no ha desembolsado.
Además, la funcionaria hizo referencia a varios correos electrónicos, en especial a uno remitido a Gustavo Goiz Amaro, que notificaba:
“A efecto de agilizar la contratación del estudio, solicito un enlace para conocer los documentos”.
La secretaria Guevara Manrique reconoció que el trámite de contratación de los estudios no los había terminado la secretaría a su cargo dado que en el IPN les habían cambiado el enlace de atención en cuatro ocasiones. Primero habrían tenido a Óscar Goiz, después a Claudia Aguayo, más adelante a Eurídice Lechuga y finalmente el arquitecto Omar Armas, con quien SMADSOT habría tenido una reunión unas horas antes de que IPN emitiera su comunicado. En la reunión con Armas, se habría planteado una nueva ruta para la contratación de los servicios.
La secretaria aseguró que, sin embargo, la secretaría a su cargo contaba con todas las evidencias del avance del estudio, además de documentos sensibles del IPN, tales como poderes notariales, actas constitutivas, situación de cumplimiento fiscal y CURP del representante legal.
De acuerdo a Guevara Manrique, el IPN ha dado muestras de falta de comunicación interna, dado que el día en que el IPN emitió el comunicado donde negaba “cualquier vínculo oficial con los estudios realizados para investigar las causas del socavón en Puebla”, los científicos se encontraban laborando en campo y mostraron desconcierto cuando el Gobierno de Puebla les mostró el posicionamiento emitido por la institución a la que representaban.
Guevara Manrique dijo que recientemente había sostenido una llamada telefónica con el director del IPN, quien le habría asegurado que el Instituto a su cargo no desconocería la validez de los estudios.
En ese punto, el gobernador Barbosa preguntó:
“Cuando usted dice que sostuvo una llamada con el director, ¿a quién se refiere usted?”.
“Deme un minuto, gobernador, ahorita le paso..”
“¿Es el director general del Politécnico, o quién es?”.
“El director… así es, es el director general del Politécnico Nacional… le paso el nombre en un minuto, discúlpeme por favor. Arturo Reyes Sandoval, tuve una conversación el viernes por la noche”, respondió finalmente Guevara Manrique tras 27 segundos de titubeos y silencios. “Me pidió que tuviera conversación con otro enlace nuevo que nos pusieron para dar seguimiento a los trámites”.
Finalmente, la secretaria aseguró que los estudios encargados por SMADSOT no eran una contratación a título personal para un científico, sino una encomienda formal del Gobierno de Puebla al IPN.
Finalmente, el gobernador Miguel Barbosa concluyó que el estudio era un convenio de buena fe entre el Gobierno del Estado de Puebla y el IPN, a cuyo director reconoció como a un destacado poblano originario de Teziutlán.