TSJ expone los obstáculos de la justicia en casos de mujeres violentadas

La forma incorrecta en que los ministerios públicos integran las carpetas de investigación, y la falta de pruebas por parte de la defensa de la víctima o acusado derivan en condenas absolutorias que dan la percepción de impunidad en el estado.

Así lo aseguró la magistrada Araceli Cabido Vaillard, integrante de la segunda sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ), durante su participación en el conversatorio sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres poblanas en el Congreso local.

En su participación, señaló que en ocasiones, aunque los jueces tengan la certeza de que un delito fue cometido o se efectuó una conducta violenta, la falta de elementos probatorios y los errores de origen de la Fiscalía General del Estado (FGE) los imposibilita para efectuar sentencias condenatorias.

“El reto, desde nuestra perspectiva, es poder tener todos los elementos de juicio que nos permita que las determinaciones que se tomen desde el Poder Judicial sean apegadas estrictamente a lo que establece la norma y a los elementos probatorios que podamos tener en un expediente”

Araceli Cabido Vaillard
Integrante de la segunda sala en materia penal del TSJ de Puebla

Añadió que la labor de los jueces también es buscar oportunidades en el periodo de apelaciones, ya que es allí donde pueden solicitar una segunda revisión y hasta revocar resoluciones.

Sin embargo, recordó que cuando se alcanza una sentencia siempre existirá “una parte que no esté satisfecha con el resultado”, en especial cuando algún agresor debe acatar una pena o medida cautelar.

En ese sentido, informó que hasta el momento, el TSJ ha otorgado 340 órdenes de protección a mujeres que han solicitado apoyo a través del 911, aunque no especificó desde cuándo.

Sin mencionar la despenalización del aborto, destacan lucha feminista

Durante el evento, las participantes destacaron las acciones que se realizan desde su trinchera para revertir y en su caso, sancionar, a quienes violentan de alguna forma a las mujeres.

En su intervención, la diputada Nora Merino Escamilla detalló los avances legislativos a favor de las mujeres entre los que destacó la Ley Olimpia y la tipificación de la violencia vicaria.

También, de forma pública, confió en la pronta aprobación de la Ley Monzón, pero no mencionó nada sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y el atraso que ha tenido su dictaminación.

En tanto, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Yassahara Cruz García, resaltó las acciones que han emprendido para identificar y acreditar casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Recordó que en Puebla hay cinco personas sancionadas e inscritas en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres, por estas agresiones.

Por su parte, la fiscal especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres, Raquel Avendaño Fernández, informó sobre las áreas de reciente creación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar la atención a las denuncias que se reciban en la materia.

Foto: Agencia Enfoque

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