La Asamblea General de Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 2007, declaró que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, en su resolución A/RES/62/10, decidió proclamar el 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia Social.
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Asimismo, reconoce que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología, incluyendo la tecnología de la información, para el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y la mejora del nivel de vida en todo el mundo.
La celebración de este día mundial busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar y la justicia sociales para todos.
Es posible definir a la justicia social como un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro los países y entre ellos. Así entonces, es prudente destacar que cuando se promueven la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes se están defendiendo los principios de la justicia social. Es decir, se promueve la justicia social cuando se eliminan las barreras que enfrentan las personas debido al género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura o la discapacidad.
Conforme a esto, la Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
Asimismo, la justicia social pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad. Ahora bien, para lograr dichos objetivos es necesario conservar y desarrollar los siguientes derechos fundamentales: educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, igualmente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además, fortalecer la seguridad y certeza jurídica; por último, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición económica.
El 10 de junio de 2008 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa.
Esta declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
De acuerdo con diversos hechos y cifras emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se puede aseverar que:
- En 2019, más de 212 millones de personas estaban desempleadas, frente a los 201 millones en años anteriores
- Menos del 45 por ciento de los trabajadores asalariados tienen un empleo a tiempo completo y permanente; la tendencia parece ser hacia la baja.
- Más del 60 por ciento de todos los trabajadores carecen de cualquier tipo de contrato de trabajo
Debido a las cifras anteriores, es importante puntualizar que el logro de la justicia social está estrechamente vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) debido a que los ODS enfatizan en no dejar a nadie atrás. El gran reto a seguir es generar crecimiento económico y promover una distribución más justa del ingreso.
Foto e información: CNDH
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