Guadalupe Abrego, «Lupita», usuaria de Agua de Puebla de la colonia Bella Vista, denunció que la citada empresa modificó sus estados de pago sin avisarle y le cortó el servicio, a pesar de la emergencia sanitaria por covid-19.
Señaló que sus pagos por recibir agua potable eran de 500 pesos mensuales, aunque sus vecinos pagaban 300 pesos, pero posteriormente la empresa aseguró que debía pagar mil 500 pesos por un supuesto consumo de 53 mil litros de agua.
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Comentó que tras iniciar una demanda en contra de la firma, apoyada por el activista Omar Jiménez Castro, su servicio fue restablecido sin que los trabajadores le presentaran una orden de reconexión; además, le cambiaron el medidor de agua por uno usado que hicieron pasar por nuevo.
Lupita dijo que la firma intentó frenar su amparo y continuó exigiendo el pago de un supuesto adeudo de casi 5 mil pesos; sin embargo, Agua de Puebla no pudo comprobar el abasto de agua potable que le estaba cobrando, ni la forma que se realizaron los ajustes en sus pagos.
Por lo anterior, el activista Jiménez Castro aseguró que la empresa Concesiones Integrales SA de CV, cobra sus tarifas de forma irregular e ilegal, al no comprobar un suministro adecuado y no tener una fórmula para homologar sus pagos.
Expuso que un juez federal exigió que la firma compruebe la suficiencia y calidad en el servicio que ofrece. Asimismo, estableció que es una empresa de servicio que no está facultada para cobrar multas, recargos, ni boletinar a los usuarios en buró de crédito.
Agregó que ante esta resolución, la firma presentó un recurso de revisión, mismo que será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días, aunque confío en que las disposiciones del juez federal se mantengan y se confirme la ilegalidad en las tarifas del servicio.
Omar Jiménez recordó que ganó el primer amparo en contra de la empresa por boletinar a los usuarios en el buró de crédito, pero ahora presentará una demanda civil por daño moral en contra de la usuaria de nombre Cleotilde, por mil días de salario mínimo, es decir, 172 mil 870 pesos.
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Jiménez Castro también cuestionó la campaña de descuentos que inició Agua de Puebla para los estratos 1, 2 y 3, por ser «discriminatoria y engañosa», al dejar fuera a los demás usuarios, a pesar de que «son personas de la tercera edad que no tienen la forma de registrarse en la página y no son atendidos en las oficinas de cobro».
Foto: Agencia Enfoque