Por irregularidades o ejercicio indebido de funciones públicas, que derivan en actos de corrupción, 13 expresidentes municipales han sido detenidos durante la presente administración; el caso más reciente es Inés Saturnino López, exedil de Tecamachalco.
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También se encuentran los exmunícipes de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane Martínez; de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias; y de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes.
Cabe mencionar que aunque se encuentran vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos por los que fueron acusados, hasta el momento no se les ha dictado sentencia.
Además, existen investigaciones pendientes en contra de nueve exediles, por denuncias que inició la Auditoría Superior del Estado (ASE) entre los que destacan José Juan Espinosa Torres, de San Pedro Cholula; Gabriel Alvarado Lorenzo, de Huauchinango; y Ernestina Fernández Méndez, de Tehuacán.
Aprehenden a Inés Saturnino López
La noche del martes 8 de noviembre de 2022 fue detenido el exalcalde de Tecamachalco por Acción Nacional (PAN), Inés Saturnino López, quien estuvo al frente de la demarcación durante dos periodos, de 2008 a 2011 y del 2014 al 2018.
El arresto ocurrió en la colonia El Calvario, en el municipio de Tecamachalco, demarcación que se ha convertido en un «foco rojo» de delincuencia en las últimas fechas.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la aprehensión se cumplió por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, y amenazas; pues en 2021 presuntamente evitó que elementos estatales detuvieran a un par de hombres que se encontraban armados.
Cabe recordar que también fue denunciado por cometer violencia política de género contra regidoras del Ayuntamiento durante su segundo periodo de gobierno, en especial a la hoy diputada morenista Ruth Zarate Domínguez.
Además, formó parte de la planilla de la diputada federal Genoveva Huerta Villegas y acudió a cada evento que se realizó durante la contienda interna, en su intento fallido por reelegirse como presidenta del PAN.
Por anomalías, gestiones se quedan inconclusas
El pasado 6 de julio fue asegurado Miguel Ángel Maceda Carrera, alcalde de Piaxtla por el Partido del Trabajo (PT), que ganó en las elecciones del 2021 y cuya gestión terminaría en el 2024.
La detención se suscitó durante un cateo en Acatlán de Osorio por su presunta participación en los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, encubrimiento y homicidio doloso.
Debido a que se mantiene recluido en el Penal de San Miguel, su lugar fue ocupado de forma temporal por Óscar Vidal Vélez.
También se encuentra detenido Arturo Cacija Gómez, alias “El Foco”, presidente municipal de Acatlán de Osorio por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien fue asegurado el 9 de mayo.
Sobre este caso, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, señaló que el edil tenía vínculos con grupos delincuenciales que operan en la región, aunque los cargos que se le imputaron fueron encubrimiento, omisión y ejercicio indebido de funciones públicas.
Alcaldes cometen desfalco y desvió de recursos
A finales de 2021, el 22 de diciembre, fue detenido Edwin Mora Caballero, el exalcalde panista de Huaquechula (2015 a 2018), por su presunta responsabilidad en el delito de uso de documento falso y uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la investigación, el edil habría usado una publicación falsa del Periódico Oficial del Estado para darle legalidad a un procedimiento de adjudicación de una obra para la construcción de un auditorio y espacios recreativos en la localidad de Cacaloxuchitl.
El 27 de septiembre, la FGE y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aprehendieron a José Alejandro Martínez Fuentes, presidente municipal reelecto de Quecholac por el partido Pacto Social de Integración (PSI).
El exalcalde permanece al interior del penal de Tepexi de Rodríguez, señalado por el delito de ejercicio indebido de sus funciones públicas; además, es hermano de Antonio Valente Martínez, alias “El Toñín”, identificado como líder criminal en el “Triángulo Rojo”.
El expresidente municipal de San Andrés Cholula en el período 2014 a 2018, Leoncio Paisano Arias, se encuentra detenido por un presunto desfalco de más de 42 millones de pesos durante su gestión.
El 13 de abril de 2021, la FGE detuvo a Paisano Arias en el funeral de su padre, por el delito de peculado cometido durante su gestión; el pasado 24 de septiembre, fue liberado y reaprehendido en la rampa del Centro de Reinserción Social (Cereso) San Miguel, en la ciudad de Puebla.
Entre los expresidentes municipales que fueron detenidos por daño patrimonial y peculado se encuentran Ángel López Cabrera, edil de Honey de 2018 a 2021; Roberto Víctor Bolaños Altamirano, alcalde de San Pablo Zoquitlán del 2008 al 2011, por un presunto daño patrimonial de 182 mil pesos.
Desvío de recursos y peculado, la constante
Asimismo, Evelio Rodríguez Cortés, munícipe de Jalpan de 2002 a 2005, que fue detenido por no comprobar ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) 8 millones de pesos que recibió durante su administración; José Cano Pérez, presidente municipal de Zongozotla en la gestión 2005-2008.
El edil no solventó diferencias en la comprobación de saldos de cuentas bancarias por un monto superior a 40 mil pesos.
También Leandro Barrales Meza, alcalde de Huehuetlán el Grande en el mismo período, por la desviación de recursos públicos por más de 280 mil pesos; y Gonzalo Morales Arce, edil de Coronango de 2002 a 2005.
En tanto, Felipe de Jesús Patjane Martínez, exalcalde de Tehuacán (2018-2019) fue acusado por un supuesto desvío de recursos por más de 120 millones de pesos, en su primer año de gobierno, y fue detenido el 15 de noviembre de 2019.
En marzo de 2020, fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, donde continúa preso por uso indebido de la función pública y uso ilícito de facultades y atribuciones.
Hay más investigaciones pendientes…
La Auditoría Superior del Estado (ASE) mantiene denuncias abiertas contra nueve exalcaldes, por las irregularidades detectadas en la integración de sus cuentas públicas.
Entre ellos se encuentra José Juan Espinosa Torres, expresidente municipal de San Pedro Cholula (2014-2018), quien no ha podido comprobar el destino de 18 millones 749 mil 206 pesos.
La ASE turnó tres denuncias en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto desvío de recursos y actualmente se desconoce el paradero del ahijado del exgobernador Mario Marín Torres.
De igual forma, Ernestina Fernández Méndez, exalcaldesa de Tehuacán (2014-2018), que de acuerdo con la antes llamada Comisión Inspectora de la ASE en el Congreso de Puebla, la exalcaldesa debe justificar la utilización de 13 millones 334 mil 051 pesos de su cuenta pública de 2016.
A pesar de que intentó ampararse en marzo de 2021 contra la orden de aprehensión que pesa sobre ella por presunto daño patrimonial, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla rechazó su petición.
Otro es el exmunícipe perredista Manuel Madero González, quien fungió como alcalde de Izúcar de Matamoros del 2014 al 2018.
De acuerdo con declaraciones del mandatario Miguel Barbosa Huerta, fue denunciado penalmente, a través de la ASE, por el gobierno del estado, por irregularidades, uso de facturas falsas y opacidad en las cuentas públicas.
La ASE inició otro proceso de investigación en contra del morenovallista Gabriel Alvarado Lorenzo, exedill de Huauchinango (2014-2018), por el presunto uso de facturas falsas durante la parte final de su administración.
Además, se le acusa por la omisión de pagos, desde 2014, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la cantidad de 185 millones de pesos.
También han sido señalados Edgar Antonio Vázquez Hernández, de Teziutlán; Marcos Flores Morales, de Zacatlán; David Edgardo Huerta Ruiz, de Tepeaca; Juan Enrique Rivera Reyes, de Chignahuapan; Gustavo Salomón Lara Torres, de Ajalpan.
No obstante, será la auditora Amanda Gómez Nava quien tendrá que agilizar el avance de estos procesos y revertir el atraso en la revisión de cuentas públicas que existe en la ASE, tal como lo prometió al asumir el cargo, el pasado 19 de mayo.
Cabe recordar que su designación se realizó tras la remoción de Francisco Romero Serrano, al ser detenido y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Portada: Iván Rojas