La decisión del juez Juan Merchan de aplazar indefinidamente el anuncio de la sentencia a Donald Trump en el caso Stormy Daniels constituye un golpe significativo para la justicia y una clara victoria política para el expresidente. A pocos meses de regresar a la Casa Blanca tras su victoria electoral en noviembre, Trump ha logrado, una vez más, que las leyes que deberían aplicarse a todos los ciudadanos sin excepción se vean condicionadas por su retorno al poder.
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Este aplazamiento, originado por la solicitud de la defensa de Trump de sobreseer el caso debido a su nueva condición de presidente electo, no es solo una estrategia legal, sino una maniobra política que pone en entredicho la independencia del poder judicial. El magnate fue hallado culpable de falsificación contable agravada en mayo pasado por el pago de 130 mil dólares a la exactriz porno Stormy Daniels, en un intento por encubrir una supuesta relación extramatrimonial durante su campaña presidencial de 2016.
Este caso, el único de los cuatro frentes judiciales abiertos contra Trump que ha logrado condenarlo, ahora queda en el limbo, al igual que las otras investigaciones. La reelección de Trump plantea un peligroso precedente en el que la inmunidad presidencial, que originalmente buscaba proteger las funciones oficiales, podría convertirse en un escudo que lo blinde de la rendición de cuentas. Las acusaciones sobre la insurrección del 6 de enero y la posesión de documentos clasificados también están en la cuerda floja, esperando ser suspendidas bajo la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
El aplazamiento en Nueva York es solo el inicio de un complejo entramado de negociaciones legales que podrían desembocar en la suspensión de todos los procesos judiciales abiertos contra Trump durante su nuevo mandato. En un contexto en el que la justicia parece subordinarse al poder político, la decisión de Merchan refuerza la percepción de impunidad en una figura que ha desafiado constantemente las normas legales y éticas.
Este episodio plantea serias preguntas sobre el futuro del Estado de Derecho en Estados Unidos. Si Trump logra sortear la justicia bajo el manto de la inmunidad presidencial, se consolidará un peligroso precedente que podría beneficiar a futuros mandatarios. La interrogante central es: ¿hasta qué punto los líderes están por encima de la ley?
Este aplazamiento refuerza las afirmaciones del propio Trump de que es víctima de una «caza de brujas», mientras su ascenso de nuevo a la presidencia podría suponer la congelación o el carpetazo definitivo de los casos en su contra. El futuro de la justicia estadounidense está en juego, y el poder que Trump recupere en enero podría ser la última pieza del rompecabezas para garantizar su impunidad total.
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