Representantes de pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca, en México, exigieron al nuevo Gobierno Federal de Manuel López Obrador levante una moratoria que prohíba la actividad minera en todo el territorio estatal.
EL DATO
Los días 11 y 12 de octubre se realizó el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas Mineras, con la participación de 52 comunidades quienes presentaron 22 casos de afectaciones, ocasionadas en Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Mixteca, Cañada e Istmo.
Representantes de pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca, exigieron al Gobierno Federal levante una moratoria que prohíba la actividad minera en todo el territorio estatal.
A nombre de los inconformes con la operación de empresas mineras en Oaxaca, Alma Méndez y Daniel López, urgieron reformar la Ley Minera, Ley General de Equilibrio Ecológico, Ley de Inversión Extranjera y Ley de Aguas Nacionales, para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades a la libre determinación.
Resultado del ejercicio celebrado el 11 y 12 de octubre del presente año, exigen la cancelación definitiva de las 322 concesiones mineras existentes, las cuales se han otorgado sin el consentimiento de pueblos, así como 41 proyectos mineros vigentes y que afectan el 5% del territorio estatal.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, demandan la cancelación de los proyectos mineros en etapa de producción comercial en el Valle de Oaxaca, “San José” contemplado para San José del Progreso y “El Águila”, en San Pedro Totolápam.
Solicitan a Semarnat, Conagua y Profepa se constituyan en los lugares en los que se desarrollan dichos proyectos, a fin de establecer medidas de compensación y reparación al medio ambiente y al agua, luego de que empresas mineras de origen canadiense y estadounidense han ocasionado daños al medio ambiente, principalmente en el recurso hídrico de las comunidades.
Acompañados de Sofía Robles Hernández, del Colectivo Oaxaqueño por la Defensa del Territorio, sostienen que estas mineras se ubican principalmente en el Istmo, Valles Centrales y la Mixteca.
Tan solo en Oaxaca, denuncian las consecuencias para las comunidades como en el caso de Magdalena Ocotlán donde se desbordó la presa de jales de la empresa minera Cuzcatlán, S.A de C.V. que opera el proyecto minero San José y contaminó el río El Coyote que atraviesa la comunidad.
Ahí al menos 2 mil 500 habitantes han dejado de consumir el agua del río por estar contaminado y han recurrido a la compra del agua, manifiestan. Exigen que los pueblos y comunidades indígenas se reconozcan como sujetos de derecho, que pueden tomar decisión sobre su territorio y la cancelación de concesiones mineras.
Para concluir, los activistas piden justicia para los defensores del territorio, autoridades agrarias, autoridades municipales y otras que se han opuesto pacíficamente a los proyectos mineros y que han sido agredidos, amenazadas y asesinadas.
Juicio popular
De acuerdo con el juicio popular de las asambleas general y ejidal de la comunidad zapoteca San Pablo Güilá, en Oaxaca, México, los proyectos mineros han provocado asesinatos y conflictos entre comunidades, así como la creación de grupos delictivos y daños al medio ambiente.
Ante estos hechos, diferentes organizaciones decidieron denunciar, mediante un juicio popular, a los gobiernos estadal y federal por permitir que se violenten los derechos de los ciudadanos y se apoderaren de sus territorios, lo que produce daños en el medio ambiente y desestabiliza las comunidades.
La asamblea dio un “no” a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente, especialmente en la tierra y en el agua. Esta población indígena se dedica casi por completo a la agricultura, reseña el comunicado.
La compañía canadiense empezó en 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina), para constatar la existencia de yacimientos de oro. Ante el hallazgo, los habitantes se preocuparon porque no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso para que se hicieran trabajos en sus tierras, por lo que la asamblea decidió que no se aceptaría la mina.
Después de esto, Fortuna Silver Mines dejó de intentar ingresar a esta comunidad zapoteca hasta principios de este año, a través de la intervención del entonces secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Francisco Montero López.
https://www.elciudadano.cl/medio-ambiente/comunidades-de-oaxaca-dicen-no-a-la-mineria/05/03/
https://www.elciudadano.cl/ciudadanos-al-poder/realizan-encuentro-de-comunidades-y-organizaciones-contra-la-mineria-en-oaxaca/02/02/
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