En un nuevo avance en el caso de presunta corrupción que involucra al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la jueza de control Patricia Sánchez Nava vinculó a proceso a cuatro de sus excolaboradores clave. Los imputados enfrentan cargos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, lo que ha generado un impacto considerable en la política local.
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Los exfuncionarios Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, fueron señalados por provocar un daño patrimonial al estado de Michoacán que supera los 3 mil 400 millones de pesos. Por tal motivo, permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
La decisión fue tomada tras una audiencia de casi 22 horas, en la cual se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Durante este periodo, las partes involucradas podrán reunir pruebas adicionales para el proceso penal.
En el trasfondo del caso, los exfuncionarios, junto con Aureoles, son acusados de participar en una operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para la instalación de cuarteles policiales en siete municipios de Michoacán. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción reveló que los inmuebles fueron adquiridos a través de una adjudicación directa a Inmobiliaria Dip, una empresa de reciente creación, lo que levantó sospechas de mala administración de los recursos públicos.
Estudios realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinaron que en la adquisición de estos inmuebles se pagaron sobreprecios millonarios, alcanzando un total de 651.8 millones de pesos en exceso.
Silvano Aureoles Conejo, actualmente prófugo, ha sido señalado por su participación en estos hechos, al igual que otros altos exfuncionarios de su administración, quienes aún no han sido localizados por las autoridades mexicanas.
Foto: Redes
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