La madrugada de este lunes 7 de abril, un ataque armado al centro de rehabilitación Shaddai, en la colonia Colinas de San Miguel, dejó un saldo de nueve personas muertas y cinco más heridas, en un hecho que vuelve a colocar al estado de Sinaloa en el epicentro de la violencia nacional.
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De acuerdo con reportes preliminares, el atentado ocurrió cerca de las 2:00 horas, cuando un comando irrumpió con violencia en el inmueble ubicado en la calle Cerro de San Cayetano. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, todos internos en proceso de rehabilitación. Ocho hombres murieron en el sitio y uno más falleció en el hospital horas después. Entre los heridos, trasladados por la Cruz Roja a diversos hospitales, se encuentra una mujer.
El centro de rehabilitación Shaddai —nombre de origen hebreo que significa «Dios Todopoderoso»— quedó marcado por la tragedia. Según medios locales, el lugar es una construcción de dos pisos, color beige, con terraza y cuatro portones blancos. Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de las víctimas fatales.
El ataque ocurre en un contexto de creciente tensión en la región. En las horas previas, se registraron bloqueos con vehículos incendiados, explosiones y presunto uso de drones en la comunidad de Tachinolpa, sindicatura de Imala, así como obstrucciones en caminos rurales y accesos al basurero municipal, en lo que parece una jornada coordinada de desestabilización.
La Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos del Ejército, la Guardia Nacional, y policías estatal y municipal, desplegó un operativo tras los hechos. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni detalles oficiales sobre los autores materiales o intelectuales del crimen.
Este nuevo episodio de violencia profundiza la percepción de impunidad que impera en Sinaloa y pone bajo escrutinio las políticas de seguridad implementadas por las autoridades. El hecho de que un centro dedicado a la recuperación de adicciones haya sido blanco de un ataque armado refleja no solo la expansión del crimen organizado, sino también la debilidad institucional para garantizar entornos seguros, incluso en espacios que deberían estar protegidos.
Organismos de derechos humanos y expertos en seguridad han alertado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de reforzar la protección a centros de rehabilitación, señalados como objetivos de ajustes de cuentas entre bandas rivales.
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