Violencia vicaria, mujeres soportan desde amenazas hasta golpes para recuperar a sus hijos

En esta ocasión, el equipo de El Ciudadano México se acercó a dos sobrevivientes de tal transgresión, las cuales nos compartieron su historia

Anaid Piñas

25/07/2022 1:05am

Mindy Flores y Karla Lucero, sobrevivientes a la violencia vicaria, han tenido que enfrentarse a todo tipo de ataques por parte de sus violentadores, en la búsqueda por recuperar a sus hijos.

Ambas han tenido que sortear desde amenazas hasta golpes en medio de una lucha con la justicia y que ahora, esperan, ya no exista con la entrada en vigor de las modificaciones de ley local para sancionar a los hombres que tomen de rehén a menores de edad para dañar a las mujeres.

El pasado viernes 15 de julio, Puebla se convirtió en el sexto estado en reconocer y tipificar la violencia vicaria como delito, misma que se castigará hasta con 10 años de prisión y multas superiores a los 35 mil pesos, al ser incluida como una agravante de violencia familiar.

Por unanimidad, los diputados del Congreso del Estado de Puebla aprobaron reformar cinco ordenamientos estatales, a fin de mejorar la impartición de justicia para las mujeres, mediante un enfoque con perspectiva de género.

Sin embargo; las cicatrices que deja la lucha contra el olvido, el silencio y la omisión, perdurarán por mucho más tiempo, convertidas en problemas de salud o trastornos mentales.

Más de una década luchando por ver a su hija

Mindy Stephanie Flores vive en Puebla capital y es madre de dos pequeñas. Lleva 11 años intentando recuperar a su hija menor sin que hasta el momento las autoridades resuelvan su situación. La niña fue sustraída presuntamente por su padre mediante engaños, cuando tenía un año de edad.

A partir de ese momento, la mujer emprendió un proceso legal en su contra y a pesar de acudir a instituciones como la Fiscalía General del Estado y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) en busca de ayuda, no ha obtenido una respuesta favorable.

Al exponer su testimonio, aseguró que la mayoría de jueces han fallado a favor del agresor, y que en una ocasión, cuando se le concedió la convivencia con la niña, un año después de denunciarlo por sustracción de menores, la secretaria de Acuerdos de San Andrés Cholula le negó las visitas correspondientes.

Dijo que las denuncias a su expareja por no dejarla ver a la niña suelen no proceder porque el sujeto siempre encuentra la forma de ampararse, lo que la llevó a pensar que hay corrupción al interior de las instituciones de justicia, que siempre han dejado de lado sus quejas y evidencias.

Agregó que el padre de la menor volvió a casarse y dejó a su hija con sus suegros, quienes tampoco les permiten ver a la pequeña ya que aseguran que no tiene ningún vínculo con ella y cuentan con los recursos necesarios para seguir con procesos legales que le impiden acercarse a la niña.

El proceso de búsqueda y recuperación comenzó en 2011, hoy, a más de una década de distancia, la mujer tiene afectaciones psicológicas, como estrés, depresión y ansiedad; además de un vitíligo que se detonó por la misma razón, por lo que confió en que la aprobación de la Ley vicaria cambiará su situación y la de muchas otras mujeres que viven algo similar.

“Ellos tienen contactos y no proceden mis denuncias. Mi niña ya tiene 12 años y no sé dónde está y no me han permitido verla. Ella no me conoce. Espero de todo corazón que se ejerza la ley, por el bien de nuestros hijos. Llevo muchos años sin ella, y me duele que le negaran el derecho de estar con su mamá desde muy pequeñita y que su papá no la cuide”, lamentó la mujer.

”La justicia se compra y eso es desesperante”

A Karla Lucero Cabrera, una mujer que vive en el municipio de Tlatlauquitepec, la separaron de su hijo cuando él tenía cuatro años de edad, en el 2021. A partir de entonces, ella y su familia han intentado hacer de todo para recuperarlo, sin tener éxito.

Su hermana expuso su caso para solicitar apoyo por parte de las autoridades y de las diputadas en el Congreso del Estado de Puebla, ya que a pesar de las acciones legales emprendidas en contra del agresor y padre del menor, estas no proceden.

“La corrupción en los juzgados es un foco medular que debe atenderse para que la justicia exista. Actualmente la justicia se compra y es desesperante saberlo a pesar de que una tenga pruebas de la violencia. Pasan los meses, los años y nadie te da una resolución o una sentencia”, comentó la denunciante.

Añadió que mientras esperan que alguna autoridad resuelva su situación, utilizan la red social Facebook para dejarle mensajes al menor, y que sepa que “su madre luchó por él, que nunca dejó de amarlo, que no lo olvidó, y que lo sigue esperando”.

Aseguró que las mujeres se encuentran desprotegidas ante este tipo de situación y son revictimizadas al presentar sus denuncias, pues generalmente los abogados y jueces sostienen que los padres tienen derecho de estar con sus hijos y que debe existir algún motivo por el que ellos decidan que las madres están incapacitadas para cuidar a los menores.

Añadió que las autoridades tampoco investigan las condiciones en las que son atendidos los niños para otorgar la guardia custodia de los menores, ya que, en su caso, su sobrino está incomunicado, no asiste a la escuela y al no permitir que la familia materna se acerque a él desconocen si es víctima de algún otro tipo de violencia.