Se ha generado una narrativa muy equivocada sobre la implicación de la Reforma Judicial en México, parece que la defensa de los privilegios de los ministros de la Suprema Corte ha llegado demasiado lejos, tanto que amenazan risiblemente sobre destituciones por desacato a miembros del legislativo y del Poder Ejecutivo, solo para procurar sus privilegios, ya que pretenden renunciar antes de ser sustituidos para percibir sus pensiones vitalicias.
Además, la Reforma Judicial de México tiene un impacto significativo en los derechos humanos, buscando fortalecer la impartición de justicia y centrarla en las personas y sus necesidades. Es una total mentira que se vulnere el principio de la división de poderes, no se ajusta más que el proceso de elección de los jueces y juezas, magistrados/das y ministros/as, pues hasta ahora son recomendaciones del presidente de la república y el Senado.
Por su parte, los jueces y magistrados eran seleccionados a través de un proceso interno del Poder Judicial, donde los candidatos eran generalmente personas que ya formaban parte de ese mismo poder y así pretende seguir siendo, solo que ya bajo el yugo del grupúsculo en el poder. Lo que se pretende con el poder judicial es democratizarlo de un grupo de interés. Hasta del mismo partido en el poder.
Contrario a lo que argumenta la oposición, la reforma judicial tiene beneficios en cuestión de derechos humanos, es una gran mentira que afecte a la división de poderes, que vulnere derechos laborales y que provoque la concentración del poder jurídico en México.
Lo que provocará la reforma es:
- Método democrático: permitir que los ciudadanos elijan a los ministros, magistrados y jueces, en lugar de ser designados por el presidente y el Senado.
- Órgano de vigilancia: crear un órgano que supervise la actuación de los juzgadores, asegurando que cumplan con sus funciones de manera imparcial y justa.
- Evaluación del desempeño: evaluar regularmente el desempeño de los juzgadores, para garantizar que estén cumpliendo con los estándares esperados.
- Austeridad y transparencia: implementar medidas de austeridad y transparencia en el proceso electoral y en el Poder Judicial, para evitar la corrupción y asegurar que los recursos sean utilizados de manera eficiente.
La reforma también propone cambios en la estructura del Poder Judicial, como la reducción del número de ministros de 11 a 9, y la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros. Además, se establecerán límites a las remuneraciones de los trabajadores de la Suprema Corte, para asegurar que sean justas y razonables.
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