Asediado por preguntas de la prensa sobre los presuntos delitos de pederastia por parte del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, el gobernador Miguel Barbosa manifestó en su conferencia matutina de prensa que las prácticas ominosas no son privativas de un personaje ni de una adscripción política en particular.
El mandatario señaló que toda candidata o candidato que tenga en su poder información fidedigna sobre hechos constitutivos de delito, como los que en estos días se han imputado al diputado morenista, se encuentra en la obligación ciudadana de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para que la autoridad investigadora le dé curso legal y no se quede como parte de la “mugre” que intercambian entre sí los candidatos. Además, el mandatario declaró que, en su conocimiento, las carpetas de investigación que penden sobre Huerta Corona se encuentran hospedadas en CDMX, donde la autoridad investigadora poblana no tiene competencia.
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Cuestionado sobre la posibilidad de que el escándalo huertista extienda su órbita dañina al partido Morena, el mandatario precisó que todos los partidos políticos, cuando toman la decisión de postular a candidatos, pueden cometer errores que suelen aflorar durante la campaña.
“Yo no veo repercutiendo sobre Morena por el caso del señor Huerta, a quien ya se le enfiló toda la batería de acusaciones. Yo conozco las historias de grandes personajes de la política poblana y tú sabes a quien me refiero”, dijo el gobernador sin esclarecer la identidad a la que estaba aludiendo.
Dificultad para combatir rezago social en Puebla, asociada a deuda contraída en administraciones anteriores
Consultado sobre la aparición de Puebla en la quinteta de estados con mayor índice de rezago social de acuerdo al informe 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el gobernador acreditó su confianza en el informe presentado por dicho consejo.
Sin embargo, el mandatario rastreó a muchos años atrás el origen del rezago del estado, cuando el recurso estatal se derrochaba en “opulencia y fatuidad” y obras que, más que desarrollo económico, heredaron deuda que consume cientos de millones de pesos mensuales que podrían haber sido destinados al combate a la pobreza.