En una sesión cargada de tensiones políticas y sociales, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, una decisión histórica que posiciona al estado como el número 23 en sumarse a la interrupción legal del embarazo en México. Esta reforma representa un paso crucial en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes, aunque el cambio quedó incompleto al no alcanzarse la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución local.
El dictamen fue aprobado con 22 votos a favor y 13 en contra, principalmente por parte de legisladores de Morena, Partido del Trabajo, PRI y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el artículo primero de la Constitución de Yucatán, que protege la vida desde la fecundación, se mantuvo sin cambios, gracias a la negativa de los diputados del PAN, quienes respondieron a presiones de sectores conservadores en la entidad. Este artículo fue incorporado durante el mandato de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, bajo una legislatura dominada por el PRI.
La falta de armonización con la Constitución local contraviene una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2024, en la que se ordenó al Congreso estatal eliminar los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto autoprocurado y consentido. A pesar de ello, los avances logrados en esta sesión legislativa representan una victoria parcial para el movimiento feminista y por la autonomía corporal.
Durante la discusión en el pleno, la diputada morenista Paola Rosales reconoció la lucha histórica de miles de mujeres que han exigido su derecho a decidir. Subrayó que esta reforma no habría sido posible sin el respaldo del amparo otorgado por la Suprema Corte. En el mismo tono, la diputada Larissa Acosta hizo énfasis en que la maternidad debe ser una elección libre y digna, no una imposición legal ni moral. También advirtió que despenalizar el aborto no es el final, sino el inicio de una tarea más amplia: garantizar atención médica, psicológica y social sin estigmas ni prejuicios.
Además de despenalizar el aborto hasta la semana 12, el dictamen aprobado incluyó otras reformas importantes al Código Penal. Se redefinió el delito de aborto forzado y se aumentaron las penas para quienes lo cometan, en especial si hay violencia de por medio. También se incorporó una modificación presentada por la diputada Clara Paola Rosales Montiel, para evitar que jueces reclasifiquen arbitrariamente un aborto como homicidio en razón de parentesco, una práctica que ha servido para criminalizar injustamente a mujeres que enfrentan emergencias obstétricas.
Rosales Montiel fue enfática desde tribuna al señalar que esta enmienda busca evitar que se castigue con penas desproporcionadas a quienes abortan por razones de salud o riesgo vital. “No olvidemos a quienes hoy votaron en contra de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes. El Partido Acción Nacional hoy nos dio la espalda”, denunció.
La presidenta de la Mesa Directiva, Estefanía Baeza Martínez, sometió la propuesta a votación, resultando aprobada por mayoría simple. Aunque el aborto quedó legalizado hasta la semana 12 en el Código Penal, persiste una contradicción jurídica con la Constitución estatal, que deberá resolverse en futuras sesiones legislativas.
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Colectivos feministas celebraron la decisión como una conquista más en la lucha por la autonomía de los cuerpos en un contexto nacional e internacional donde los derechos sexuales y reproductivos enfrentan retrocesos. A través de redes sociales, destacaron la resistencia de la “marea verde” frente a los embates del conservadurismo, y llamaron a continuar la lucha hasta que el derecho a decidir esté plenamente garantizado en todo el país.
Fotografía: Redes
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