Con la salida de militares al campo, buscarían proteger el inicio de la siembra 2011-2012 del cultivo.
El artículo 288 de nuestra Constitución Nacional contempla dos motivos para declarar el estado de excepción, un conflicto internacional o una situación de conmoción interna que apeligre la misma vigencia de la Carta Magna.
Ayer por la tarde los senadores y senadoras aprobaron la excepción, y ahora pasa a cancha de Diputados y del Ejecutivo. Los argumentos esgrimidos por los legisladores se centran en la reaparición del EPP con la explosión de bombas en la comisaría de Capitán Giménez, Concepción, que causó la muerte de dos policías.
Sin embargo, no existe ninguna investigación acabada que atribuya al grupo armado el hecho. Y no se puede descartar que la muerte de ambos uniformados se enmarque en un ajuste de cuentas entre negocios ilícitos en que se vienen involucrando miembros de la policía, no necesariamente los que fallecieron.
UNIFORMADOS, AL CAMPO
Sin embargo, hay otro contexto que no se puede despreciar. Luego del rebrote de la aftosa en el ganado local y la consecuente clausura de mercados extranjeros para la carne paraguaya, el otro gran negocio del campo, la soja, no puede fallar. De entrar en vigencia la excepción, coincidirá con el proceso de preparación de terreno para la campaña 2011/2012 del cultivo.
El mismo artículo 288 establece que será el presidente de la República quien, por decreto, podrá ordenar “…la prohibición o la restricción de reuniones públicas y de manifestaciones”. Durante el último estado de excepción, del 24 de abril al 24 de mayo del año pasado, no se prohibió por decreto ningún tipo de reuniones, manifestaciones, etc.
Sin embargo, la presencia intimidante de los 3.300 uniformados en los cinco departamentos donde se declaró la medida, fue suficientes para desalentar cualquier tipo de movilizaciones. Según el investigador social Abel Irala, del Servicio Paz y Justicia Paraguay, incluso en las comunidades se tenía miedo de ir a la escuela, y hasta de comprar comida en cantidades, por miedo a ser acusado de colaborar con el grupo armado.
USAN AL ESTADO
Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina (FNC), una de las organizaciones de agricultores con mayor capacidad de movilización en el país, asegura que “definitivamente las restricciones de las libertades públicas, desde todo punto de vista, están en contraposición de la lucha democrática y sobre todo la lucha del campesinado”.
Dijo que, por un lado, el Gobierno no cumplió sus promesas de reforma agraria, democratización del país, recuperación de soberanía y otras que beneficien al pueblo. Por otro, servidos de esta situación y de las necesidades de la gente, los sectores privilegiados como sojeros, ganaderos, latifundistas… aprovechan para sacar ventajas y proteger sus intereses. “Y en este caso (del estado de excepción), usarle al Estado paraguayo, para así controlar sus privilegios que históricamente tienen”, aseguró.
“Nosotros decimos que el Estado, la supuesta guerrilla, el supuesto grupo armado, son exclusivamente funcionales al sistema. Y lo usa cuando necesita usarlo, para defender sus intereses, y en este momento, exactamente es eso lo que están llevado adelante: los sojeros están presionando para sacar a los militares, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) presiona, el Parlamento está tratando el estado de excepción, es para utilizarlo y restringir las libertades públicas”, dijo el referente campesino.
Con esos elementos de fondo, afirmó, no hay otro camino que la lucha y la movilización permanente. Este 6 de octubre, dijo, estarán marchando por las calles de Asunción para exigir más presupuesto para educación, salud y un plan algodonero. Y en el caso de que entre en vigencia, también contra el estado de excepción.
Por Jorge González
Septiembre 27, 2011
Publicado en ea.com.py
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