Luego de ser desvinculado de su cargo en mayo de este año, el ex fiscal mapuche de Collipulli, José Ricardo Traipe Sepúlveda, interpuso una demanda en el Tribunal Laboral de Temuco en contra del Ministerio Público acusando discriminación y hostigamiento, asegurando la existencia de una vulneración a sus derechos fundamentales y acusando individualmente al fiscal regional subrogante, Alberto Chiffelle, quien presuntamente lo presionaba para aplicar medidas de dureza en contra de comuneros mapuche.
Según el relato, la demanda nace en noviembre del año pasado, cuando Traipe debía encargarse de subrogar al jefe de Collipulli, Héctor Leiva, quien mantenía una licencia médica por tres meses. Sin embargo, el fiscal regional Cristián Paredes designó a la fiscal adjunto de Angol, Pamela Contreras para que recibiera temporalmente las asignaciones económicas como fiscal jefe y no Traipe, como había sido previsto. Esta situación de discriminación, provocó que el ex fiscal también denunciara y expusiera las evidentes «presiones indebidas para intensificar injustificadamente la persecución penal a sujetos de la etnia mapuche desarrolladas por el fiscal regional Alberto Chiffelle», quien le habría pedido ser particularmente duro con cualquier sujeto relacionado a comunidades apreciadas como conflictivas como «Temucuicui o Huente Winkul Mapu». Según el ex abogado, Chifelle le habría solicitado -en al menos dos oportunidades- aplicar medidas cautelares de prisión preventiva en contra de comuneros que no contaban con requisitos claros para ser vinculados a cualquier delito. Además señaló que Chiffelle le habría dicho que no siguiera «ayudando a sus peñis, pues los pacos lo tenían en la mira».
Rodrigo Huenchullán, Werkén de la Comunidad Autónoma Temucuicui, señaló a El Ciudadano que el ex fiscal está evidenciado lo que el pueblo mapuche ha venido señalando hace años: la persecución judicial a la que se exponen las comunidades, especialmente aquellas que se encuentran movilizadas como la Temucuicui o la Huente Winkul Mapu. «Esto para nosotros es absolutamente grave, partiendo porque no puede ser la forma en que el Ministerio Público -a nivel regional- se manifieste, avalando la persecución y los tratos injustos. Uno entiende ahora que muchas acciones legales fueron bajo los argumentos de la planificación de montaje considerando que ha pasado mucha gente por el tribunal acusado por este tipo de presiones».
La persecución política y judicial que viven las personas de las comunidades en resistencia en los distintos territorios mapuche, representa a diario las constantes irregularidades que mantiene tanto el Estado chileno como sus organismos de justicia a la hora de tratar temas relacionados con los pueblos originarios, pasando todos los días por encima de sus derechos humanos y ancestrales. Es impensado que aún estos pueblos tengan que mantener una triste y larga lucha por conservan el derecho a mantener su cultura, creencias y por sobre todo, a recuperar los territorios que han sido injustamente ursurpados. Finalmente, la sensación que queda es la de ese permanente silenciamiento, aquél que siempre aplica la justicia cuando se ve en aprietos. Porque el intento por acallar a las comunidades del Wall Mapu es latente y absolutamente violento, al igual que sus allanamientos, persecuciones y falsas detenciones.
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