A más de un año del terremoto y tsunami del 27 de febrero, los damnificados dicen sentirse abandonados por el Gobierno, en medio de lo que han denominado “un año sin reconstrucción”, en el que sólo su organización y fortaleza les ha permitido comenzar la reconstrucción, al menos, de sus vidas personales.
En una carta pública, el Movimiento Nacional por una Reconstrucción Justa -que reúne a más de 15 organizaciones ciudadanas desde la Región Metropolitana hasta la Octava, y ocho ONG’s y entidades académicas- enumera una serie de realidades que aún viven los pobladores de las comunidades más afectadas por el sismo.
En Dichato, por ejemplo, donde se encuentra el campamento más grande del país, con cerca de 500 mediaguas, “no se ha levantado una sola vivienda y no han empezado siquiera las urbanizaciones de las futuras poblaciones”.
En Cerro O’Higgins, Constitución, “hay familias chantajeadas para que desistan de su legítimo derecho a demandar al Estado por el derrumbe de un edificio construido por Serviu, donde murieron ocho personas. Sólo si desisten de su demanda podrán recuperar sus viviendas”, indica el comunicado.
En Talca, miles de familias luchan por no ser expulsadas de los históricos barrios que habitan desde hace décadas porque no son propietarios o no tienen regularizados sus títulos de dominio.
En Chiguayante, Coronel y Talcahuano, hay familias vulnerables que serán expropiadas “y recibirán una miseria por viviendas sociales que pagaron durante décadas”. La desesperación es tal, que en Villa Futuro ya optaron por una huelga de hambre indefinida.
En las caletas del Maule y Bio Bio, hay pescadores que no pudieron recuperar sus botes por estar en Dicom, señalan en el documento, entre varias otras situaciones locales.
“¿Qué están esperando las autoridades?”, se preguntan los damnificados. “¿Están esperando que la gente se resigne y pierda la esperanza? ¿Están esperando que la gente abandone lo poco y nada que les quedó? ¿Están esperando que las familias se endeuden de por vida para recuperar la dignidad perdida? (…) ¿Están especulando con el dolor de los damnificados?”.
PAÍS RICO, RECONSTRUCCIÓN POBRE
Para los afectados, “las arcas fiscales de nuestro país tienen fondos suficientes para construir viviendas dignas sin poner en peligro los equilibrios de la economía nacional. Sólo nos detiene la voluntad de los políticos”.
Así, detallan todos los planes anteriores ocurridos tras catástrofes naturales, no sólo sísmicas: Partiendo desde 1905, cuando Germán Riesco crea el Servicio Sismológico de Chile, después del terremoto de Valparaíso, hasta 1971, cuando Allende levanta en cuatro meses un detallado Plan de Reconstrucción, pasando por la promulgación de la Ley de Reconstrucción de Aguirre Cerda y el plan de Alessandri tras el terremoto de 1960.
Y lo contrastan preguntándose “¿qué ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera para entrar en la historia de los grandes estadistas de Chile?”
“Poco, porque las políticas públicas de reconstrucción nada tienen que ver con la realidad del terremoto”, se responden.
“¿Acaso no es absurdo que una persona que se quedó en pijama en la calle, con apenas su celular en la mano, deba gastar 50 ó 100 mil pesos que no tiene, para sacar decenas de certificados que demuestran que es un damnificado, y que luego quede fuera de los subsidios porque su título universitario le otorga más de 14 mil puntos en la Ficha de Protección Social?”
Casos así, hay decenas de miles entre Santiago y Angol, entre Valparaíso y Tirúa. Las comunidades que han conseguido excepciones para postular a los subsidios son contadas con los dedos de la mano, afirman.
Además critican el aprovechamiento de los empresarios inmobiliarios y turísticos que esperan las expropiaciones del borde costero para comprar a bajo costo. En este sentido, varios casos han salido a la luz: Sobrepago de mediaguas, compra de materiales de construcción a las tres grandes cadenas del rubro, y el puente mecano que le costó el puesto al Ministro de Defensa.
Ante las declaraciones de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, quien ha dicho que de las 370 mil familias damnificadas, 150 mil familias son pudientes y no necesitan protección, los damnificados exigen “revisar uno por uno los RUT de esos 150 mil para que no paguen justos por pecadores. Hemos visto con nuestros propios ojos, que aquellos que tienen recursos ya reconstruyeron y hoy viven normalmente. Los chilenos no somos masoquistas y no permanecemos en la miseria porque si”.
Sobre la participación ciudadana, se preguntan dónde están los Comités Comunales de Emergencia que establece la ley 16.282 para casos de terremoto, la que obliga al Ministerio de Planificación a formular planes regionales de reconstrucción, en los que los vecinos afectados exigen participar.
El documento finaliza señalando que este “es un movimiento ciudadano, diverso y transversal. No somos un movimiento político, sino un grupo de personas cuyo único denominador común es ser un damnificado del terremoto”.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
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