Cerca de 450.000 empleados públicos comenzaron hoy una huelga de 48 horas en demanda de una subida salarial general para el próximo año del 8% y del 10% para los trabajadores que tienen los sueldos más bajos, frente al 2,5% que ofrece el Gobierno.
Los funcionarios públicos, reunidos en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), exigen además el establecimiento de un sueldo mínimo ético de 250.000 pesos y la regularización de las personas a contrata y a honorarios.
Los primeros cuentan con contratos temporales que se renuevan periódicamente, mientras que los empleados a honorarios cobran por su trabajo a través de facturas y no disponen de cobertura de salud ni de previsión social.
El paro, al que se han adherido las 16 organizaciones reunidas en la ANEF, ha generado problemas para el público en entidades estatales como el Instituto de Normalización Previsional, Impuestos Internos, Tesorería General y Registro Civil.
La huelga también ha paralizado la actividad en hospitales y consultorios, donde según los gremios el 80% de los trabajadores han secundado el paro, aunque en ellos se han establecido turnos éticos para atender los casos más urgentes.
Además, unos 2.000 funcionarios se reunieron hoy en la Plaza Los Héroes, en el centro de la capital chilena, en el acto central de esta primera jornada de paro.
El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, acusó a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y del Trabajo, Claudia Serrano, de incumplir la promesa de la presidenta Michelle Bachelet de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios.
De la Puente consideró además «inaceptable» la propuesta del Gobierno, que ofrece un 2,5% de subida salarial para el 2010.
«Si estamos partiendo de esta base va a ser compleja la negociación», afirmó el dirigente gremial.
En tanto, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, criticó la huelga al resaltar que ya existe una mesa negociadora entre las autoridades de Hacienda y de Trabajo y los dirigentes sindicales.
«Hay una mesa de gente que está conversando (…). Es una cosa que no tiene justificación. Los únicos que salen perjudicados aquí son los usuarios del sistema público», afirmó Pérez Yoma, quien consideró «pésimo» este llamamiento al paro.
La mesa de negociación se retomará este viernes, y la próxima semana el Congreso analizará las demandas de los funcionarios.
EFE
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