El ciudadano español Iban Gartzia Rubio, vasco de 34 años, fue detenido ayer en la comuna de Curarrehue, zona cordillerana y fronteriza de La Araucanía.
El operativo fue realizado por una unidad de inteligencia de la PDI de Valdivia que participaba de la investigación contra extranjeros que se han inmiscuido en actividades de contingencia nacional, como los casos de violencia registrados en La Araucanía.
En la región de Los Ríos, ninguna autoridad política o policial se hizo cargo públicamente de este hecho. Sin embargo, el gobernador de Cautín, José Montalva, confirmó lo ocurrido.
El joven mañana sábado será embarcado en vuelo a España, para su expulsión del país.
Versiones antagónicas
Como suele ocurrir en estos casos, las versiones oficiales distan mucho de lo que relatan las fuentes locales.
Medios tradicionales aseguran que Gartzia, quien llegó al país el pasado mes de febrero, fue detenido tras realizarle un control en el que se le descubrió que no portaba su pasaporte de turista. Y añaden que «el joven tuvo vinculaciones con grupos anarquistas y la ETA, además de prestar colaboración a la comunidad mapuche de Lumaco».
Por otra parte, medios mapuche afirman que «el activista no tenia ninguna condena pendiente, no figura en una peligrosa lista de buscados por la INTERPOL, no estaba prófugo, tenía todos sus papeles al día, no ha cometido ningún hecho ilícito». Y agregan que su detención es fruto de la «colaboración activa» con las comunidades mapuche del sector de Lanco, y por haber trabajado en la radio comunitaria Kimche Mapu.
Según los activistas el arresto forma parte de la «persecución política selectiva y permanente a numerosos machi, werken, lonko, weichafe, peñi, lamgen y wenuy, a autoridades ancestrales, voceros, militantes, activistas, solidarios, amigos y colaboradores de la causa mapuche» que está llevando a cabo el Estado chileno.