Dirigentes sociales y parlamentarios se reunieron en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, para exigir al gobierno el cumplimiento del itinerario autoimpuesto en relación al proceso constituyente y la redacción de una nueva carta magna a través de una Asamblea Constituyente.
Mediante el documento “Plebiscito Ahora para una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente”, recordaron que 500 mil votantes expresaron, en las elecciones de 2013, su deseo de que la Nueva Constitución se genere a partir de este mecanismo.
También hacen mención a las más de 200 mil personas que participaron en los Encuentros Locales y Cabildos, pactados en el proceso impulsado por el gobierno; así como a la bancada transversal de 50 parlamentarios que presentó un proyecto “para habilitar al Presidente de la República a convocar a Plebiscito en los casos que corresponda, con el acuerdo del Congreso Nacional, conforme lo establece la Constitución y las leyes de nuestro país.”
“La necesidad de una Nueva Constitución, construida de manera democrática y participativa, sigue siendo una demanda central de la ciudadanía. Así lo hemos visto en las movilizaciones masivas por pensiones justas, una reforma laboral incompleta, la situación que sigue aquejando a la Araucanía y a los pueblos originarios y tantas otras demandas que hoy no pueden ser resueltas por los candados de la Constitución que hoy nos rige”, se lee en la declaración suscrita por más de 40 actores personajes del ámbito público.
¿PROCESO ESTANCADO?
Desde su preparación iniciada en diciembre de 2015, el proceso constituyente ha pasado una serie de etapas que debieran decantar en la elaboración de las Bases Ciudadanas durante noviembre, las que serán entregadas a la Presidenta Bachelet para que tenga un insumo en la elaboración del proyecto sobre Nueva Constitución que será enviado al Congreso en 2017.
De acuerdo a la planificación gubernamental, el cambio constitucional será posible en la medida en que el Congreso realice una reforma que permita el reemplazo de la actual carta magna. Los cálculos del Ejecutivo indican que este proyecto debiese ser aprobado el próximo año, de forma que abra la puerta al siguiente Congreso, que comenzará a sesionar en 2018, para que decida cómo y quiénes discutirán la Nueva Constitución.
Al respecto, el abogado constitucionalista y uno de los firmantes de la declaración, Fernando Atria, señaló que “el gobierno necesita continuar el proceso constituyente que él anunció, pero a medida que ese proceso avance, cada vez tenemos que preguntarnos por qué esto está siendo discutido en el Congreso por ellos y no puede estar siendo decidido por la ciudadanía a través de un plebiscito«.
Las dudas crecen, considerando la disminución en un 95% del presupuesto 2017 para el proceso, baja que recayó en las partidas asociadas al cronograma y que estaban a cargo de los ministerios de Interior, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia.
En entrevista con CNN Chile, la diputada Karol Cariola (PC) llamó al gobierno tener “en consideración que hay tiempos comprometidos y que, por lo tanto, hay que cumplirlos”.
Agregó además que “hay pasos del proceso constituyente que tienen que darse en este gobierno. De la misma manera que los cabildos y los procesos de discusión colectiva se dieron en este momento, la definición de los mecanismos tiene que estar establecida, porque de lo contrario esto va a quedar en absolutamente nada y va haber sido un hecho testimonial que no podemos aceptar que ocurra”.
Para el diputado por Santiago, Giorgio Jackson (RD), “el gobierno ha tirado la toalla frente a este tema”. A su vez, adelantó que empujarán nuevamente el proyecto presentado por la “bancada AC”. Según explicó, «cambiar la Constitución no significa solamente algo de los políticos, es algo de los ciudadanos, porque se trata de sus derechos y de cómo resolvemos nuestros problemas».
En una línea similar, Andrea Gutiérrez, presidenta del Sindicato de Actores de Chile (SIDARTE), puso el acento en la relación entre la Nueva Constitución y la “gran cantidad de problemas sociales” presentes en el país. «Tampoco podemos pensar que éste ha pasado a ser un tema menor, porque la gran cantidad de problemas sociales que existen, en materia de pensiones, educación, derechos sociales y, en nuestro caso, con los derechos culturales, que están ausentes y cercenados desde la Constitución en adelante«.
En el llamado al gobierno se enfatiza la importancia del mecanismo que, a juicio de los firmantes de la carta, debe ser a través de una Asamblea Constituyente. «Acá lo que se está generando es una presión para que el gobierno cumpla su palabra, porque inicia un proceso constituyente, a pesar de que no es vinculante, pero aún así muchos participamos y ahora esperamos que se cumpla la promesa: que se desarrolle una propuesta y este año, por lo menos, se identifique una metodología», señaló Patricio Medina, presidente de la FEUSACH y vocero CONFECH.
LO QUE VENDRÍA
Para 2018 está programada la decisión en el Parlamento sobre el mecanismo constituyente, que considera cuatro alternativas acerca de quién redacta el nuevo texto:
- El mismo Congreso, a través de una comisión compuesta por un grupo de senadores y diputados;
- una convención constituyente mixta, que incluya a parlamentarios y ciudadanos;
- una Asamblea Constituyente, conformada por un grupo de personas elegidas específicamente para elaborar una constitución;
- plebiscito para que chilenos decidan entre las tres opciones anteriores.
En teoría, una vez debatido y sancionado el proyecto de Nueva Constitución, la ciudadanía será convocada a plebiscito para ratificar la propuesta. Estaremos atentos a los próximos capítulos.
Declaración Pública: Plebiscito Ahora para una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente by El Ciudadano on Scribd