La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) anunció el cierre de los jardines Fondo del Río (San Bernardo) y 4 de Mayo (Santiago Centro). Según informaron a este periódico el Centro Alerta y el Foro por el Derecho a la Educación, el pasado jueves, la JUNJI anunció “arbitrariamente” poner término a cinco jardines comunitarios autogestionados agrupados en la modalidad Centro Educativos Culturales de Infancia.
“Sin presentar evidencia alguna -explican las organizaciones- la JUNJI señala irregularidades en el funcionamiento de los jardines, desconociendo el esfuerzo y seriedad con que las comunidades aludidas han levantado sus centros y proyectos educativos”.
Centro Alerta y el Foro por el Derecho a la Educación también lamentan “la mala gestión e incumplimiento de acuerdos con los proyectos alternativos en primera infancia”. En este sentido, recuerdan que en abril del año pasado, 12 jardines CECI denunciaron públicamente “las precarias condiciones en que se encuentra el programa”. Entre otros aspectos, protestaron por cuestiones como las malas condiciones de trabajo; la falta de materiales pedagógicos, fungibles y de aseo; la falta de un plan de atención para casos de emergencia y la transparencia en las cuentas del programa.
En enero del 2015, las mismas comunidades presentaron ante el Ministerio de Desarrollo Social, junto con otras experiencias educativas, un proyecto de fortalecimiento para este tipo de experiencias comunitarias. Sin embargo, “ninguna de estas iniciativas ha sido acogida por las autoridades”, informan las entidades en el comunicado.
En Chile, la educación de primera infancia es concebida desde las comunidades, que se encargan de llevar todo el proceso educativo: cuidar, alimentar, entregar afecto, socializar, hacer pertinentes a sus necesidades su trabajos educativos, entre otras. En este contexto, el rol del Estado es el de garantizar la entrega adecuada de recursos que aseguren la cobertura de las necesidades y el de la JUNJI, actuar como intermediario entre el Estado y las comunidades educativas y fiscalizar los centros educativos.
Pero parece que el Ministerio de Desarrollo Social no quiere entender cuál es su función en este puzle. Por ahora, sólo está demostrando una actitud de bloqueo frente al desarrollo de proyectos educativos enfocados en sus territorios y culturas.
Meritxell Freixas
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