Aprobación de “ducto de la muerte” de Celco provoca espanto y furia

Espanto y furia. Esa es la sensación que quedó entre mapuches, ambientalistas, pescadores y otros habitantes de las regiones de La Frontera y Los Ríos, a raíz de la decisión de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Valdivia, que aprobó –por 11 votos contra 6- el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que la Planta Valdivia de Celco presentó –el 19 de febrero de 2009- con el fin que se le autorice construir un ducto que permita arrojar sus residuos tóxicos al mar.

Para ello se congregaron este martes 23 de febrero, desde pasado las 16 horas, en el Liceo Comercial de la citada ciudad los miembros de esta Comisión, que estuvo presidida por el intendente de la Región de los Ríos Alejandro Larsen.

Quienes optaron porque se descargaran las tóxinas de Celco en la Bahía de Maiquillahue fueron: Alejandro Larsen (Intendente); Cristhian Cayuqueo (Gobernador de Valdivia); Nelson Bustos (Gobernador de Ranco); Herman Urrejola (Director Regional de la CONAMA); Claudio Mansilla (Consejero Regional RN); Rubén Delgado (Consejero Regional UDI); Boris Olguín (Secretario Regional MOP); Laura Ramírez (Bienes Nacionales); Julio Zerech (Secretario Regional de Minería y Energía); Francisco Ojeda (Secretario Regional de Vivienda); Javier Parra (Secretario Regional Agricultura).

En caso de que se repita la conmoción y el desastre provocado por Celco en el Santuario del Río Cruces, estas personas no deberán responder con su patrimonio ni con penas aflictivas por el daño provocado.

Cabe considerar que la intención de Celco es descargar los desechos nocivos de sus procesos productivos en la Bahía de Maiquillahue –donde se enclava la playa de Mehuín- para cumplir con lo solicitado a través de la resolución 377 de la Corema (de junio de 2005) que obliga a esta empresa a buscar un lugar alternativo para sus descargas, dado los devastadores daños provocados en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter –ubicado en el río Cruces- apenas iniciada la producción de pasta de papel el 8 de febrero de 2004.

Esa resolución obligó también a la industria a reducir su capacidad autorizada de producción en un 20%, así como elaborar un plan para recuperar el río Cruces.

Cabe considerar que –según consigna El Mostrador en un artículo sobre este tema- por medio del ducto se arrojarán al mar diversos metales pesados: aluminio, arsénico, cadmio, cobre, cromo, los que ingresarán a la cadena alimenticia de los humanos por medio de peces y mariscos. El aluminio provoca alzheimer; el cromo cáncer, psoriasis y alergias; el cadmio osteoporosis y enfisemas pulmonares; el arsénico alergias e hiperpigmentación; el cobre produce degeneración hepatolenticular, entre otras enfermedades.

El rechazo a esta determinación se hizo evidente en las afueras del recinto educativo y en los diversos foros existentes en los medios electrónicos. En la web de Radio Bio Bio, las 48 opiniones existentes sobre este tema hasta las 13 horas de este miércoles 24 eran de abierto rechazo –e incluso de furiosa indignación- a la decisión señalada. Lo mismo ocurría en las páginas de El Mostrador, La Tercera y El Ciudadano.

En Bío Bío, Marcia señalaba: Esta mañana siento mucha impotencia, dolor y verguenza por el descriterio de un pocos. Sin embargo creo que hoy mas que nunca la resistencia continúa con mucha más fuerza. No podemos permitir que esas mentes inconcientes sigan lucrando y destruyendo nuestra tierra y nuestro mar. NO AL DUCTO!  Newen!

Black por su parte señalaba: “Sugiero que para la inauguración del ducto se instale una placa recordatoria, de gran tamaño que diga: ‘Obra construida gracias al aporte de la Concertación de Partidos por la Democracia’ para que en este país desmemoriado de una vez por toda digamos las cosas por su nombre y se recuerde por siempre la calidad de autoridades que Chile ha tenido… por lo demás, un emisario que lleva mierda es fiel homenaje a la mayoría de estos políticos concertacionistas”.

Valdiviano se expresaba así con respecto a esta decisión: “qué vergüenza por las autoridades de valdivia, sus hijos y nietos les van a preguntar a estos tarados ¿que cresta hiciste tu para impedir esta debacle, que hiciste para impedir toda esta contaminación y no van a poder responderle a esos niños y van a tener que bajar la mirada de vergüenza por ser unos pobres y tristes pelotudos carentes de amor por nuestra naturaleza y adoradores del dinero. Solo unos cuantos se beneficiarán de este ducto y nos van a privar a todos de un ambiente limpio… que vergüenza y que rabia».

Es importante señalar que esta medida tiende a imponer un nuevo manto de oscuridad sobre la “institucionalidad ambiental” existente. Cabe tener presente que la empresa Celco ha contado con el total respaldo de los gobiernos de la Concertación, muchos de cuyos personeros, como el ex ministro de Vivienda y ex gerente de Celco Alberto Etchegaray, han usado la “puerta giratoria” pasando desde el Gobierno a Celco ida y vuelta, favoreciendo a esta empresa con sus decisiones y redes. No hay que olvidar que el ex presidente Eduardo Frei puso la primera piedra de la Planta Valdivia, antes que el 30 de mayo de 1996 esta planta fuera aprobada por la Corema.

Respecto del tema de donde verter los fluidos, el entonces presidente Ricardo Lagos Escobar, propuso una solución: “tiene que haber una forma definitiva de resolver el problema de los residuos a través de un ducto que llegue al mar” (La Segunda, 5 de agosto de 2005). Mehuín aparecía otra vez como la lógica candidata, por distancia y costos, para ser depositaria de los residuos mortíferos de Celco.

Apenas terminada la votación Eliab Viguera declaró en caliente a este redactor: “El intendente (Larsen) es un descarado: llamó a todos los secretarios ministeriales a no hacer objeciones y aprobar el proyecto, aún cuando la discusión dejó en evidencia –entre otras anomalías- que el trayecto del ducto pasa por un lugar sagrado del pueblo mapuche”. Viguera asegura que esto vulnera el Convenio 169 de la OIT, que está en pleno vigor desde septiembre pasado, y que obliga al Estado de Chile a realizar consultas “de buena fe” a las comunidades indígenas afectadas por megaproyectos.

En relación con esto, Viguera expresó que al aprobar este ducto, “se están cometiendo actos ilegales por parte del gobierno a través de la Corema Regional, lo que sin duda nos llevará a levantar demanda en contra de una resolución de calificación ambiental aprobada”.

Explicó que existiría un escenario favorable para esta causa, puesto que hace un mes la Corte de Apelaciones de Temuco anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Corema de la Araucanía que autorizaba la piscicultura Palguín, por no considerar la aplicación del Convenio 169.

El vocero dice también que cuentan para oponerse al ducto con herramientas relacionadas con las pertenecías marítimas: “hemos puesto a trámite vastos sectores costeros a través de la ley 20.249 (Ley Lafquenche) que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios (ECMPO). Relata que estas solicitudes ya han paralizado las concesiones marítimas que Celco solicita en la bahía de Mehuín. Esto, acogiéndose al artículo 10 de la citada ley, que ordena “suspender cualquier tramitación de solicitudes que afecten el espacio costero marino de pueblos originarios, hasta que se resuelva su uso consuetudinario o reclamen con un recurso de reclamación. Esto quiere decir que las comunidades indígenas tienen preferencia en la tramitación del espacio costero”, afirma Viguera.

La ley que crea el ECMPO tiene por objeto proporcionar la administración  del borde costero a las asociaciones de comunidades indígenas para la protección de los recursos marinos, de la biodiversidad y la protección de los lugares ancestrales de uso indígena.

Eliab fue más allá: “Quedó de manifiesto que la Armada no acogió la denuncia que detalla que no aparecen los zarpes ni los nombres de las embarcaciones que supuestamente habrían participado en los estudios presentados por Celco, lo que sin duda constituye una colaboración descarada de otro órgano del estado a esta empresa”. El vocero alude a que –según la información que maneja el Comité de Defensa del Mar– nunca se hicieron los estudios técnicos en el mar necesarios para la confección del EIA.

Viguera comentó que al ser consultados los representantes de la Armada presentes en la sala respecto de este punto, “éstos dijeron que esa materia es de índole interno y que no tiene que ver en nada con el permiso ambiental del ducto”. Viguera afirma, en este sentido, que si se hubiera hecho la investigación correspondiente el estudio no podría ser tramitado en el SEIA.

El defensor del mar asegura que la aprobación del EIA “coloca en un pésimo ranking en lo referido a abuso de poder a los  gobiernos supuestamente democráticos en Chile». Agrega: “Los sucesivos abusos cometidos bajo la administración de Bachelet y de los otros gobiernos de la Concertación en nada se diferencian con los que se produjeron en el régimen militar.  Por cierto, no andan matando en la calle, pero han sido cómplices de los grandes conglomerados empresariales que han dejado en la miseria a miles de campesinos y han privado de agua a las comunidades indígenas producto de la expansión de las plantaciones forestales», remató.

Por Francisco Marín

El Ciudadano