Argentina, a 38 años de la «Noche del Apagón»

Numerosas organizaciones conmemoran este jueves un nuevo aniversario de la llamada noche del apagón, cuando más de 400 personas fueron secuestradas -de las cuales 33 permanecen desaparecidas- en la provincia de Jujuy durante la última dictadura cívico militar, como parte de un operativo pergeñado entre las fuerzas represivas y la empresa Ledesma, para desarticular a la militancia popular.

A 38 años de los hechos, las organizaciones exigen el inicio del juicio oral contra el dueño de la empresa, Carlos Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, quienes aún permanecen impunes mediante las dilaciones de la corporación judicial.

Entre el 20 y 27 de julio de 1976, se realizaron los operativos para el secuestro de trabajadores de ingenios azucareros y delegados sindicales de la zona, caracterizados por cortes de luz deliberados de alumbrado público y domiciliario en las localidades de Calilegua, El Talar y Libertador San Martín. Durante los mismos se utilizaron no sólo vehículos militares y policiales, sino camiones pertenecientes al ingenio azucarero Ledesma -el más grande del país-, razón por la cual 38 años después el dueño de la empresa, Carlos Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, se encuentran procesados por la justicia como responsables civiles de los hechos a la espera del juicio oral.

Con tal motivo, organizaciones de derechos humanos, políticas, barriales y estudiantiles -Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del departamento Ledesma, Asociación de ex presos Políticos y Víctimas del Terrorismo de Estado del departamento Ledesma, Agrupación HIJOS, Organización Barrial Túpac Amaru, Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, entre otras- realizarán este jueves la histórica marcha desde Calilegua hasta San Martín.

En la víspera -en el marco del “Día Provincial de los Derechos Humanos”- los organismos de derechos humanos de Jujuy manifestaron su preocupación por la demora en la elevación a juicio oral y público y emitieron un comunicado de prensa a través del cual expusieron su disconformidad por las “las dilaciones” de la justicia en la investigación de las responsabilidades civiles en la represión.

En tal sentido, señalaron tanto a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta como a la Cámara Nacional de Casación Penal y afirmaron que ambas “obstaculizan y lentifican el procesamiento de Carlos Blaquier y Alberto Lemos como presuntos cómplices en los secuestros de 29 personas durante el mes de julio del año 1976”.

“Desde las organizaciones de Derechos Humanos durante estos 38 años, nuestro principal objetivo es la búsqueda de Justicia, y no de venganza, para ello hemos esperado pacientemente todos estos años”, señalaron en el comunicado en el que destacan que “es hora de justicia” para las víctimas. Asimismo, subrayaron que los hechos demuestran que “la empresa Ledesma fue cómplice y beneficiaria de las políticas de exterminio instaladas por la última dictadura cívico militar”.

Las organizaciones destacaron el impulso y la activación de las causas por delitos de lesa humanidad en el país, que implicó “reabrir expedientes dormidos y empantanados, por más de 30 años en los archivos judiciales”, al tiempo que instaron a “investigar a fondo la implementación de ese genocidio y sus mecanismos de ejecución”, así como “juzgar a los cómplices civiles que se beneficiaron con la instauración de la dictadura”.

Al respecto, expresaron su preocupación ante “algunos sectores de la Justicia” que a través de distintos mecanismos intentan frenar el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad que tantos años le costó a la sociedad.

En agosto y diciembre de 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos de Blaquier y Lemos como cómplices primario y secundario en delitos de privación ilegítima de la libertad agravada durante los hechos de la “Noche del Apagón” y otras operaciones represivas en localidades jujeñas.

El Fiscal ad hoc de las causas de derechos humanos de Jujuy, Pablo Pelazzo, aseguró esta semana que las pruebas reunidas demuestran sin lugar a dudas “la relación estrecha de la empresa con las fuerzas represivas del Estado”.

Sin embargo, la corporación judicial mantiene las causas en la Cámara de Casación, a la espera de que se resuelvan apelaciones presentadas por la defensa del empresario respecto a los procesamientos y pidiendo el apartamiento del Fiscal de las mismas.

Fuente: NoticiasPia