Una movilización multitudinaria junto con actos en las principales ciudades del país ha sido el balance que dejó el primer paro nacional contra el gobierno del derechista Mauricio Macri.
FOTO: Xinhua
La huelga fue convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y otros sindicatos, contra los despidos y la criminalización de la protesta social.
Desde las 7 de la mañana se movilizaron columnas de los sindicatos combativos, trabajadores de la ATE y grupos de partidos de izquierda bloquearon Corrientes y Callao durante varias horas.
Los manifestantes denunciaron los despidos y «el tarifazo» (con un aumento de 500% de la luz y el de 300% que se anuncia en el gas). El país también acusa la subida de los alquileres de vivienda y los alimentos, debido al aumento del dólar, que ayer se cotizó en 15.60 pesos. Hubo un fuerte rechazo de los trabajadores contra el ajuste en el Estado y el protocolo de seguridad, que es considerado una amenaza contra el derecho a la protesta.
El dirigente de la ATE, Hugo Godoy, dijo que «lamentablemente» el ministro de Modernización, Andrés Ibrarra, anunció que «van a continuar los despidos», en lo que consideró «apagar un incendio con nafta. Es una actitud muy provocadora del gobierno y anuncia situaciones de continuidad en las medidas de fuerza».
Denunció la situación deprecariedad de 95.000 trabajadores del Estado y dijo que «no se puede aceptar que una situación tan injusta se sostenga».
A su vez, Hugo Yasky, de la CTA, destacó que «el paro nacional convocado por la ATE fue muy fuerte en todo el país» y advirtió que «las protestas se van a sostener hasta que tengamos garantías de que van a cesar los despidos, y si no hay respuesta el conflicto se profundizará».
Por otra parte, el diputado del Frente Renovador Facundo Moyano criticó «el desorden y la falta de preparación» del gabinete del gobierno de Macri ante las modificaciones del llamado «impuesto a las ganancias» que afectaba a alrededor de 10% de trabajadores, que el presidente prometió derogar durante su campaña electoral.
Aunque hubo momentos de tensión, finalmente no se aplicó el protocolo de seguridad pública.
Fuente: La Jornada
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