La Constitución de 1980 es cuestionada hasta el día de hoy. Su ilegitimidad ha provocado la articulación de un movimiento ciudadano que hoy propone la realización de una Asamblea Constituyente que haga una nueva Carta Fundamental. Pero su caso no es único en la historia de Chile, que cuenta con otras experiencias en que no se respetó la iniciativa ciudadana.
Durante el Gobierno de Arturo Alessandri Palma se gestó la Constitución de 1925, que fue aprobada luego de maquinaciones realizadas desde el Ejecutivo, como se muestra en este artículo.
Entre los años 1924 y 1925 se genera un período de inestabilidad en el Gobierno, provocada básicamente por las pugnas de poder entre la nueva burguesía liberal que pretende desplazar a la vieja oligarquía conservadora.
En medio de esta crisis se hizo un llamado a formar una asamblea constituyente para refundar los principios de gobernabilidad para la república chilena.
En un principio se crea el Comité Obrero Nacional, compuesto por la Foch (Federación Obrera de Chile), la anarquista IWW (Industrial Workers of the World – Trabajadores Industriales del Mundo), gremios autónomos, la Federación de Estudiantes de Chile (Fech) y la Unión de Empleados de Chile. En nombre del Comité Obrero se citó a una asamblea de trabajadores e intelectuales entre los días 8 y 11 de marzo de 1925. Sus sesiones se iniciaron con mil doscientos cincuenta delegados de todo el país, que se dieron cita en el Teatro Municipal.
Dicha asamblea estaba compuesta, en porcentajes, por un 45% de proletarios; 20% de empleados; 20% de profesores; 7% de estudiantes, y un 8% de profesionales e intelectuales.
La discusión fue ardua y esto se reflejó en las propuestas que nacieron del encuentro. Las principales medidas acordadas fueron: La socialización de la tierra y de los medios de producción; la democratización de la vida política y de los tribunales de justicia; la forma federal del Gobierno; la supresión del ejército permanente; la laicización total del Estado; la igualdad de derechos políticos y civiles para ambos sexos; la enseñanza gratuita desde la escuela hasta la universidad, colocando su dirección en manos de los maestros, padres y estudiantes; y la organización del Poder Legislativo con base en “cámaras funcionales”, entre otras disposiciones.
Las “cámaras funcionales” remplazarían al parlamento como lo conocemos hasta hoy. La propuesta fue que dichas instancias estuvieran compuestas por representantes de los gremios organizados, dándole protagonismo a los trabajadores en la vida política del país, sustituyendo a lo que hoy conocemos como diputados y senadores por trabajadores de verdad.
Las demandas que emergieron de esta Asamblea preveían una transformación radical de la situación política y económica del país, sin embargo, este escenario no fue permitido por la clase dirigente.
Las expectativas de los convocados en este encuentro no fueron cumplidas. La única medida que hasta cierto punto se consideró en la Carta Fundamental de 1925, fue la separación de la Iglesia y el Estado, aunque la propuesta original incluía la confiscación de los bienes eclesiásticos para la construcción de habitaciones populares, cuestión que no prosperó.
EL EJECUTIVO Y SU ESTRATEGIA PALIATIVA
El Gobierno encabezado por el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, ignoró las propuestas de la Asamblea. Además, manipuló a las organizaciones obreras otorgándoles beneficios relativos que ayudaron a cooptar y dividir el poder del movimiento social que se había generado. La legislación social, promovida por Alessandri, ayudó a disminuir la efervescencia del momento.
Según el historiador Mario Góngora, para Alessandri: “era necesario incorporar efectivamente al proletariado dentro del Estado, rescatarlo del socialismo revolucionario, o del anarquismo, mediante una legislación social lo más completa posible, un tipo moderado de socialismo de Estado; la evolución que se retarda lleva a la revolución, era uno de sus pensamientos favoritos”.
En este sentido, Góngora agrega que “Los anarquistas veían claro cuando anatematizaban la legislación social.”… había, al perecer, elementos para desconfiar de las buenas intenciones del Gobierno, que al final provocó el debilitamiento del movimiento obrero -y social en general- coartando sus intenciones de transformación radical de la sociedad.
Hecho esto, Alessandri preparó la nueva Constitución, ignorando los dictámenes provenientes de la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales. Se comprometió a convocar a una nueva asamblea constituyente que nunca se reunió, aduciendo falta de tiempo y su premura para resolver este episodio. En un texto, el entonces presidente señaló:
“Yo más que nadie me había resignado a abandonar la idea de la Constituyente por la falta material de tiempo apuntada y, principalmente, porque tenía la resolución firme e inquebrantable de implantar en nuestro país la fórmula salvadora. Tenía el convencimiento profundo, como lo he dicho reiteradas veces, que si llevábamos el asunto a una asamblea, no saldría jamás de allí el necesario régimen presidencial. Un grupo de hombres en asamblea, carece de la superioridad moral necesaria para despojarse de atribuciones y facultades”.
El Gobierno resolvió que la aprobación de la nueva Carta Fundamental sería sólo a través de un plebiscito universal, desestimando el análisis íntegro a su propuesta de Constitución que podría haber hecho una Asamblea Constituyente. La fuerza militar le prestó el apoyo final que requería el plan alessandrista, mostrándose a favor de la propuesta de un plebiscito como única opción del pueblo para la aprobación de una carta diseñada entre cuatro paredes y por una cúpula que representaba a la misma clase dirigente, marginando nuevamente toda la voluntad del movimiento social de aquella época.
El 18 de septiembre de 1925 fue promulgada la Carta Fundamental, la cual nos rigió durante 55 años, hasta que en 1980 entró en vigencia la actual Constitución Política que nos norma, la de Pinochet.
Fuentes bibliográficas:
Vial, Gonzalo. Historia de Chile (1891-1973). “Arturo Alessandri y los golpes militares. (1920-1925)”. Volumen III. Editorial Santillana del Pacífico. S.A. Santiago, 1987. p 533.
“Principios constitucionales de la República de Chile. Aprobados por la Asamblea de obreros e Intelectuales”, Justicia, Santiago, 14 de marzo de 1925; “Principios porque debe luchar el proletariado en las elecciones para la Constituyente. Aprobados en el Congreso de Asalariados e Intelectuales celebrado en Santiago el 8 de marzo de 1925”.
Por Claudia Méndez P.
El Ciudadano