Asociaciones de Mujeres critican aplazamiento del debate sobre el aborto

Diversas organizaciones de mujeres y feministas se reunieron hoy para exigir a las autoridades de gobierno y legisladores/as garantías para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y adolescentes, a fin de protegerlas frente a la violencia sexual.

Además, criticaron duramente el hecho de que el Gobierno cediera a la presión de los grupos más conservadores del país, y postergara el debate que se iba a iniciar en el Congreso en la tarde de ayer: Consideran antidemocrático y limitante que las mujeres sigan indefensas en temas que atentan contra su propia vida y que el estado no de garantía en el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Para las organizaciones, la prohibición penal de interrumpir un embarazo es una manifestación de la falta de reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres y su capacidad de tomar decisiones libres y autónomas respecto de sus propias vidas. En materia de aborto, la herramienta penal ha sido utilizada como una forma de imposición de cuestiones morales, reduciendo a las mujeres a un rol exclusivamente reproductivo.

Al mismo tiempo, plantean que el proyecto de ley de despenalización del aborto, a pesar de ser un mínimo ético que el país debe asegurar a las mujeres, continúa siendo absolutamente insuficiente ya que no da respuesta a la realidad del aborto en Chile.

Confidencialidad versus denuncia

El respeto y resguardo de la confidencialidad médica amparada en el actual proyecto en discusión, releva los derechos a la salud, a la integridad y privacidad de las adolescentes y mujeres. Los profesionales de la salud privilegiarán las necesidades de salud de las mujeres, respetando el secreto que los resguarda.

Las cifras de la Defensoría y del Ministerio Público dan cuenta que entre los años 2006 y 2014, más de 250 mujeres fueron imputadas por el delito de aborto consentido, por lo que la despenalización de las tres causales, no asegura que las mujeres chilenas dejen de ser criminalizadas, impidiendo poner fin a los abortos en condiciones inseguras y de manera clandestina.

En reiteradas oportunidades, los órganos del Estado de Chile han sido interpelados a reformar la legislación punitiva en materia de aborto, para introducir excepciones a la criminalización, garantizar la confidencialidad de la atención médica y así los derechos humanos de las mujeres, protegidos en los numerosos tratados internacionales ratificados por Chile. 

Recientemente, en junio, el Comité ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomienda al Estado que se agilice la adopción del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo y garantice su compatibilidad con derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, considerando la ampliación de las circunstancias permitidas.

Mientras la legislación no sea modificada, el aborto en Chile seguirá constituyendo una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y un factor de injusticia y desigualdad social, ya que son las niñas, adolescentes y mujeres viviendo en condiciones de pobreza, las más afectadas. Son ellas, quienes se exponen de mayor manera a la persecución penal y las que recurrirían al sistema público de salud para atender las urgencias derivadas de un aborto clandestino corriendo el riesgo de ser denunciadas.

Para las defensoras de los derechos de la mujer, la despenalización del aborto ante riesgo de vida para la mujer, inviabilidad de vida extrauterina del feto y violencia sexual, requiere de un debate enmarcado en un contexto de urgencia; alejado de creencias y valores morales o religiosos de índole personal. El Congreso Nacional tiene una responsabilidad ineludible de conducir una discusión pública informada y participativa, que zanje una de las deudas que la democracia tiene con los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía plena.

Puedes ver las opiniones principales de la conferencia de hoy en el siguiente video:

Estudios demuestran el apoyo de la ciudadanía en la despenalización del aborto:

Crecientemente la ciudadanía demanda reformas normativas que resguarden los derechos de las mujeres. Desde hace más de una década, múltiples encuestas de opinión dan cuenta de un amplio apoyo a la legalización del aborto en las tres causales que se debaten.

De acuerdo a la Décima Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2014 de Corporación Humanas el 79,2% de las mujeres está de acuerdo con legalizar el aborto cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer, el 74,2% en caso de graves de malformaciones fetales y el 72,9% si el embarazo es producto de una violación.

En tanto el 22,4% expresa su acuerdo con la legalización si la mujer tiene muchos hijos y no puede hacerse cargo de más, el 20,9% por cualquier razón que la mujer decida. Un 19,1%, no está de acuerdo bajo ninguna circunstancia.

La Encuesta de Corporación Humanas evidenció que 1 de cada 3 mujeres consultadas ha conocido a alguna mujer que se ha realizado un aborto y que el 52% considera que las mujeres que se han practicado un aborto no deben ir a la cárcel.

La encuesta CADEM (febrero 2015) señala que el 79% de la población está a favor del derecho de la mujer a abortar; el 19%, en contra. A su vez, sólo un 41% está de acuerdo con que los médicos puedan aplicar la objeción de conciencia, y un 32% con que los centros de salud de la UC se nieguen a practicar este tipo de intervenciones.

La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de julio de 2014 también evidencia una opinión mayoritaria a favor de estas causales: el 72% de los encuestados está de acuerdo con la despenalización ante el riesgo de vida de la mujer; el 71% ante la inviabilidad extrauterina del feto y el 70% cuando el embarazo es producto de una violación.