Los funcionarios del Registro Civil, que pelean por sus derechos desde hace ya 28 días, se concentraron hoy fuera de las dependencias del servicio y reiteraron que no realizarán ningún trámite en las oficinas porque los turnos éticos se suspendieron hasta que el Ejecutivo se abra al diálogo.
La representante de los funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, aseguró que el nuevo director del Registro Civil, Luis Acevedo Quintanilla, “no tiene ningún interés en escuchar a los funcionarios, como no lo tiene el Ministerio ni el Gobierno”. La dirigente se plantó frente las amenazas de despido de los trabajadores y espetó que “el Gobierno quiere dar una elección a los trabajadores del país a través de los funcionarios del Registro Civil pero eligió muy mal el servicio.” “No nos amedrentamos. Que toquen a un funcionario del Registro Civil”, advirtió.
Los empleados estatales recibieron nuevamente el apoyo y la solidaridad de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos (ANEF). El presidente de la organización, Raúl de la Puente, anunció un paro nacional de todo el servicio público para el próximo miércoles, que fue ratificado por las bases con un 80% de los votos.
«Nosotros en la ANEF responsabilizamos al gobierno de este paro. No es responsabilidad de los trabajadores. No es posible que un gobierno no quiera dialogar, no quiera buscar soluciones, no quiera sentarse en una mesa. Nos llama la atención que sí pueda ir donde están los empresarios, que sí pueda recibir a los camioneros, pero que no reciba a los trabajadores», afirmó el dirigente.
Oídos sordos del Gobierno
En los últimos días la intransigencia del Ejecutivo se ha acentuado hasta el punto de anunciar medidas como abrir sumarios a los trabajadores o estudiar descontarles los días no trabajados. En este sentido, el director del Registro Civil, Luis Acevedo, confirmó que la investigación sumaria que inició con la movilización pasa a ser sumario administrativo. Acevedo afirmó que no quiere «anticipar el resultado» y que «se aplicará la normativa que se establezca en el sumario administrativo».
El gabinete de la presidenta Bachelet sigue supeditando su disposición al diálogo a la paralización inmediata de la huelga. Mientras eso no ocurre, nuevas oficinas y refuerzos del servicio para la tramitación de la cédula de identidad y el pasaporte han sido habilitados como plan de contingencia.
El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró ayer que «si ellos quieren, diálogo nosotros estamos disponibles para eso, pero no con los ciudadanos de rehenes de por medio».
En la misma línea se pronunció la ministra de Trabajo, Ximena Rincón, señaló con contundencia que «aquí no se está vulnerando ningún derecho. Soy clara y categórica. Aquí se está vulnerando el derecho de la ciudadanía que no puede inscribir un nacimiento, que no puede hacer sus trámites de defunciones”.
Por otra parte, los diputados oficialistas Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) presentaron esta mañana, en la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de protección en contra de la Asociación Nacional de Empleados del Servicio de Registro Civil, en la persona de su presidenta, Nelly Díaz, para solicitar que se obligue al servicio a retomar las funciones que le corresponden y a los funcionarios a reanudar su trabajo.
Este martes la Corte de Apelaciones de Santiago deberá verificar si admite dicho recurso y solicitar un informe escrito con sus descargos a los dirigentes del Registro Civil.
Meritxell Freixas