Tras la imposibilidad de llegar a acuerdos, el Gobierno aprovechó la oportunidad de justificar la eventual aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado si los manifestantes no desbloquean los caminos. El poder central dio plazo hasta hoy para lograr algún alcance con los dirigentes, quienes a las 2 de la tarde sostuvieron una reunión con el subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado. Pronto se sabrá en qué quedaron las conversaciones.
En tanto, organizaciones sociales, sindicales, ambientales y estudiantiles, sumaron su apoyo a la protesta y exigieron al Gobierno una solución inmediata a las reivindicaciones de la Patagonia. Además, convocaron a una marcha para este miércoles 7 a las 17:00 horas en Paseo Ahumada con Alameda en apoyo a sus demandas.
Los pobladores de la región de Aysén no ceden ante la amenaza de aplicar la ley de seguridad del Estado si estos no desbloquean los caminos que hace casi tres semanas desde que comenzó la protesta se mantienen obstaculizados por grandes camiones.
El Movimiento Social por Aysén señaló en un comunicado público que están dispuestos a generar las condiciones que permitan restablecer la mesa de trabajo que se rompió luego de que el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, retornara a Santiago tras infructuosas reuniones.
El vocero de gobierno, Andrés Chadwick, tras la reunión que sostuvo junto a Rodrigo Álvarez y la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas -para evaluar el conflicto en la zona-, dijo que valora la declaración del movimiento. Asimismo, el titular de energía también consideró “muy justas la inmensa mayoría de las peticiones”. Sin embargo, esto no se ve reflejado en los hechos.
Este domingo los dirigentes permitieron el tránsito de vehículos como una manera de demostrar la disposición a retomar el diálogo, sin embargo, las autoridades exigen el levantamiento total de los bloqueos, es decir, que permitan nuevamente el tránsito de los vehículos, petición que los ayseninos rechazan de plano, salvo la entrada de camiones cargados de insumos básicos y combustible.
El secretario general de la presidencial, Cristián Larroulet, señaló que debido a las actuales condiciones en que se encuentra la región a causa del bloqueo de camiones “los tiempos están cada día más estrechos”, por lo que abrió la posibilidad de aplicar la ley de Seguridad del Estado. Según él, las medidas que protagonizan los pobladores atentan contra “el libre tránsito de las personas” que garantiza la Constitución.
Asimismo, Álvarez, quien señaló en su momento que no aceptaría que los dirigentes le pusieran plazos ni condiciones para llevar adelante la conversación” y advirtiera que existe “mala voluntad” de parte de estos, descartó referirse a la posibilidad de invocar a la ley de Seguridad del Estado, diciendo que no le “corresponde opinar sobre esas materias”.
Por tanto, el diálogo está estancado. El vocero del movimiento social por Aysén, Iván Fuentes, aseguró que si el Estado pretende aplicar dicha ley, tendrá que hacerlo no sólo con los líderes de la mesa gremial sino con los 105 mil habitantes, es decir, con toda la población de la región, ya que según él, todos están de acuerdo con las decisiones adoptadas por ellos.
“La Patagonia entera ha estado movilizada. En consecuencia, la Ley de Seguridad Interior del Estado tendrían que ponérsela a los 105 mil habitantes de Aysén (…) al pueblo no se le reprime, al pueblo no se le amedrenta, hay formas de conversar. Los ojos del mundo están puestos en Chile y no creo que el Gobierno imponga la Ley de Seguridad del Estado por gente que reclama por su salud, educación, si eso está en la Constitución», dijo Fuentes en el canal 24 Horas de TVN.
Mañana martes 6 de marzo, retornará a la zona -hasta el momento- la intendenta Pilar Cuevas. Se desconoce si el ministro de energía, Rodrigo Álvarez, retornará a Aysén para reunirse con los dirigentes. Lo que sí, insistió en que estos deben “recapacitar” y despejar los caminos para abastecer de suministros básicos, de lo contrario el gobierno no dialogará.
De aplicarse la Ley de Seguridad del Estado, quienes protagonizaran bloqueos en los caminos podrían enfrentar penas que van entre tres años y un día y 10 años de cárcel.
El gobierno amenaza con la posibilidad de aplicar dicha medida si hoy, tras nuevas gestiones con los dirigentes del Movimiento Social por Aysén y los camiones, no llegan a acuerdos.
Por otro lado, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), entre otras 96 organizaciones, llegaron esta mañana hasta La Moneda para dejar una carta firmada en apoyo al movimiento de Aysén.
Además, convocaron a una marcha este miércoles 7 de marzo a las 17:00 horas en Santiago, en Paseo Ahumada con Alameda, para expresar su solidaridad con el movimiento social que continúa manifestando su descontento en el sur del país, así como también el repudio a los hechos de violencia que han protagonizado fuerzas especiales de carabineros.
La redes sociales, por su parte, también levantaron una convocatoria pero a las 18:30 de la tarde, lo que probablemente hará coincidir a ambas en una sola gran manifestación.
El Ciudadano
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