El origen de los aymaras de Chile se hunde en los milenios del tiempo. Las culturas locales y regionales de Arica e Iquique muestran antiguos vínculos con la cultura Tiahuanacota, con los reinos carangas, pacajes y otros. Tuvieron fuertes nexos con el Tawantinsuyu de los incas, con el desplazamiento de mitimaes que colonizaron tierras baldías y que transmitieron sus avances científicos y tecnológicos.
Sufrieron los embates de la conquista hispánica, exterminios, despojos, servidumbre, tributos, extirpación de idolatrías y reducciones. La emancipación republicana, no liberó a los aymaras, más bien se desmembró su territorialidad. No participó en la Guerra del Pacífico, pero se seccionó su identidad étnica pan-andina, y en los 59 años que pertenecieron a Perú y Bolivia nada importante aconteció.
La legislación indígena en Chile entró en vigencia en 1883. Luego vino una larga historia expansionista del régimen de Santiago, respondiendo a los intereses de los grupos latifundistas por las tierras del sur. Después de la “Pacificación de la Araucanía”, el Estado dictó una serie de leyes reconociendo la comunidad mapuche, dio “Títulos de Merced”, se crearon “juzgados de indios” y promulgó leyes (proteccionistas), para estimular la “integración” de los indígenas a la chilenidad.
En el caso de los aymaras, numéricamente menor a los mapuches, se practicó una asimilación diferente, se hizo negando su existencia en la legislación. De este modo sus comunidades nunca fueron reconocidas, no se entregaron Títulos de Merced, no existieron Juzgados de Indios y la propiedad colectiva de la tierra no se asentó en la legislación, estas pasaron directamente al fisco. El desmantelamiento jurídico de la comunidad aymara resultó desastroso para los andinos, a su liquidación de facto vino la privatización de las tierras comunales y los pleitos se multiplicaron y muchos se arrastran hasta hoy. “La ‘igualdad’ de los aymaras ante la ley chilena, era la falacia que justificaba esta política de asimilación, que de hecho era un atentado etnocidiario” (Van Kessel, 1980, p.227). Los aymaras y otros pueblos andinos, solo fueron reconocidos por la ley 19.253, en 1993.
Los aymaras de la provincia de Parinacota, que suman una veintena de comunidades, están ligados a la historia de Arica. Muchos han migrado a ella buscando mejores horizontes, pero sin olvidar su lugar de origen y a la que retornan para sus fiestas patronales. Han certificado que la ciudad tuvo su máximo apogeo entre los años 1957 y 1973, con la Junta de Adelanto y su industrialización (automotriz, electrónica, pesquera y turística), la que fue desmantelada por el Gobierno Militar, dejándola postrada y en el limbo.
Fueron 17 años de estancamiento. El retorno a la “democracia”, tampoco trajo alegrías, a pesar de la creación de la XV Región Arica-Parinacota. La población aymara y la no indígena de Arica, reclamó por 20 años su abandono al gobierno central, lo que ahondó la crisis económica y moral de la gente, al punto de perder la confianza en las autoridades.
Para los aymaras de la provincia de Parinacota, el gobierno actual está empeorando las cosas. Ante el abandono económico y social de la región, el Gobierno respondió, con la explotación minera, bajo la doctrina del libre mercado y el lucro, donde la riqueza es el valor supremo de la vida. El modelo de la ambición, la codicia y la soberbia, “las tres fieras bestias que todo en este mundo lo destruyen y corrompen” (Marzal, 1989, p. 208).
En los altos de Arica, si bien durante el gobierno de la Concertación, habían varios proyectos de explotación y exploración minera, estos estaban controladas por la antigua legislación. Sin embargo, el gobierno de Piñera dio luz verde para que los recursos mineros de la región caigan en las perversas garras de las mineras trasnacionales y nacionales, que se lucran con el SAQUEO de los recursos naturales de los territorios indígenas.
Un ejemplo es la “Exploración Minera Catanave”, que en los últimos meses se ha convertido en el caso emblemático para las críticas del mundo aymara de Arica-Pariancota.
El proyecto Catanave, se localiza a 15 kilómetros de la comunidad de Ticnamar, comuna de Putre, provincia de Parinacota y al interior de la Reserva Nacional de Las Vicuñas, que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE)
Su estudio de impacto ambiental consulta efectuar un proceso de perforación con diamantina, a objeto de caracterizar y estimar las condiciones de alteración de mineralización en profundidad, basándose en los indicios favorables obtenidos en los estudios superficiales del área. Al mismo tiempo busca focalizar o delimitar el sistema hidrotermal, que alteró y mineralizó la zona. Para lo cual se efectuarán 14 sondajes en siete plataformas, en un área de 2,2 hectáreas. Su inversión, unos $ 500.000.000 aproximadamente, vida útil 26 semanas y se ocuparán 20 operarios calificados.
Cuestionamientos:
1.- La ejecutora, Soutern Cooper Corporation, de capitales norteamericanos y mexicanos, tiene un negro historial. En 1992 el Tribunal Internacional del Agua, condenó a esta transnacional por inminente ecocidio producido por más de medio siglo en el sur del Perú (daño por acumulación de sólidos, oxidación de metales en playas, verter escorias en el mar, destrucción de flora y fauna típica en ecosistemas marinos y terrestres, etc.).
2.- Dichos sondajes afectará directamente a las comunidades aymaras de Ticnamar, Saxamar y Lupica, por cuanto el agua para el consumo humano de los poblados, para el ganado, chacras y pasturas, provienen de las vertientes subterráneas que se filtran de la lluvias que se precipitan en el altiplánico (enero, febrero y marzo) en las Pampas Pacopampa y Chuba, aledañas al cerro Catanave. Estas se verán mermadas o extinguidas, por la precariedad del vital elemento en la zona. Así mismo los bofedales nutridos por vertientes a mayor altura (Chullpa, Pucupucune, Charima y otras), que sirven para alimentar al ganado auquénido y vacuno en tiempos de sequías, se secarán, liquidando la vida de las comunidades aludidas. Ya que en la región no existen cordilleras nevadas.
2.- Las aguas que se filtran a mayor profundidad de dichas pampas, llegan finalmente al valle costero para regar la agricultura de Livilcar, Sobraya, San Miguel, Azapa y para abastecer de agua potable a la ciudad de Arica. Estas se verán afectadas sin lugar a dudas, ya que la quebrada de Ticnamar, es la cabecera del río San José que atraviesa la ciudad.
4.- La municipalidad de Putre y Conadi Arica, cuestionaron la prospección minera Catanave en un territorio cuya propiedad está en litigio en los Tribunales de Justicia. La Comunidad Indígena de Ticnamar, autodenominada “Común de Indios”, ha demandado en juicio reivindicativo la cancelación de inscripciones a la Comunidad Sucesorial Territorial de Ticnamar (Rol 639-2007), llevada en el Segundo Juzgado de Letras Civil de Arica.
5.- El lugar elegido para realizar 14 sondajes (ladera oeste del cerro Catanave), está dentro de la Reserva Las Vicuñas y es área declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El sector es un humedal de altura de gran fragilidad ecológica y que subsiste gracias a las aguas subterráneas. Y Southern Cooper Corporation, ya inició su tarea necesitando 40.000 litros de agua. Cualquier alteración o sobreconsumo (minera o industrial), afectará la vida de la diversidad biológica.
6.- Ante la agresiva explotación y prospección de oro, plata, cobre, azufre, geotérmica y otros recursos, las voces de los dirigentes aymaras, sonaron fuerte y claro: NO A LA MINERÍA, NO al despojo de las aguas andinas, ni contaminación de los territorios indígenas. Y han venido exigiendo al Estado la aplicación del Convenio 169 de la OIT.
7.- El 3 de diciembre de 2010, la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Arica y Parinacota autorizó la exploración del proyecto minero “Catanave”. Ante esto el alcalde de Putre, Ángelo Carrasco, presentó un recurso de protección contra la resolución de la Corema, argumentando que no se realizó el proceso de consulta estipulado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Chile en 2009 y que obliga a consultar a las comunidades indígenas, sobre cualquier proyecto que los afecte, señalando que solo se informó de la iniciativa. La Corte de Apelaciones no acogió el recurso en primera instancia, tampoco lo hizo la Tercera Sala de la Corte Suprema el 16 de junio pasado, que la rechazó.
El seremi de Minería de Arica, Alfredo Arriagada, designado miembro permanente del “cluster minero”, valoró alegremente el fallo de la Corte Suprema. Se reunió con la Asociación de Industriales de Arica (Asinda), para celebrar el acontecimiento y solicitar se integren al “cluster”, para así preparar la artillería para someter a los altos de Arica a la explotación minera. Indicó que Corfo entregará sobre 10 mil millones de dólares para los años 2011 y 2012. Además, anunció 14 proyectos de explotación a los pequeños mineros de la región.
El abogado del municipio Lorenzo Soto, señaló que el fallo de la Suprema, era un mal precedente, “que existen derechos indígenas consagrados internacionalmente que deben ser respetados”, pero que “con este fallo no se agota la vía judicial, ya que se abre la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, la OIT, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las comunidades y las organizaciones aymaras de Arica Parinacota, conocido el fallo de la Corte Suprema, declararon que el fallo era “injusto y perverso ya que solo demuestra y confirma la Doctrina de la Negación hacia nuestros derechos como Pueblo Originario por parte del poder judicial”. Expresaron que “Este fallo solo favorece a los grandes sectores económicos representados en empresas transnacionales y nacionales que se amparan en el modelo económico capitalista para continuar el SAQUEO de los recursos naturales en los territorios indígenas y otras partes del país. Endosando a la ciudadanía la CONTAMINACION y el AGOTAMIENTO de nuestros recursos naturales no renovables, especialmente el AGUA y propiciando la extinción de nuestra identidad cultural como Pueblo Aymara”. Además, lamentan que el fallo propicie la “DESAFECTACION de Áreas Silvestres protegidas” y que al presidente Piñera parece importarle un rábano. Ya que la política de desarrollo minero impulsada por su gobierno con el engaño del “Desarrollo para toda la Región”, solo confirma la mala fe y su complicidad con los sectores económicos que operan bajo su administración.
Ante lo cual llamaron a las comunidades y dirigentes a no participar en ningún acto, taller, seminario o capacitación que realice el Gobierno de Chile, Conadi y otros organismos públicos, “porque en estas actividades solo se fomenta EL ENGAÑO, LA MALA FE Y LA HIPOCRESÍA hacia las comunidades Aymaras”, crean una falsa imagen ante la opinión pública proclamando que se respeta los derechos humanos, “cuando en la práctica vemos la negación y la exclusión hacia nuestros derechos fundamentales”, dijeron.
Finalmente invitan a las organizaciones andinas (comunidades y asociaciones aymaras), a sumarse al Movimiento Indígena Aymara “Jallalla Pachakuti”, para bregar por hacer respetar los derechos y la dignidad justa de ser aymaras. También llaman a la sociedad nacional no indígena a solidarizar por la causa andina, porque es un beneficio integral y justo para todos.
25 de septiembre de 2011
Por Eliseo Huanca Yucra
Publicado en www.elclarin.cl
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