Tras la aparición en algunos medios de comunicación de la experiencia de ocupación que pobladores sin casa han hecho de viviendas fiscales en el centro de Santiago, el Ministerio que dirige Catalina Parot conminó a las más de quince familias que ocupan los inmuebles Casona Esperanza, Casona Protectora y Bogota Popular a abandonar los espacios, ya que serán licitados a inmobiliarias privadas.
Cientos de vecinos del Barrio Matadero-Franklin de Santiago Centro -arrendatarios que se vieron afectados por el terremoto- se organizaron al alero del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) y, aunque el Ministerio de Vivienda (Minvu) les aseguró que no existían, buscaron propiedades abandonadas en el centro hasta que las encontraron.
El 4 de mayo de 2011 declararon ‘inmueble recuperado por la autogestión’ (IRA) una vieja casa ubicada en Santa Rosa 1165, antiguo lugar de acogida de religiosas, a la que llamaron ‘Casona Esperanza’. Días después se sumó la Casona Protectora –ex hogar Protectora de la Infancia- y más tarde se unió Bogotá Popular, en calle Lira.
“Transformamos espacios desocupados y de mala vida, en espacio libres y de vida digna. Nos damos como comunidad lo que el Estado y el mercado nos quita: Vivienda, trabajo, salud, educación”, señalan los pobladores, que han restaurado y limpiado las casas, se han organizado en cooperativas de trabajo donde todos aprenden electricidad, construcción y otros oficios.
“La Ministra Carolina Parot, a través del Seremi, Álvaro González Krauss,nos indicó que no nos van a ceder (vender a precio de tasación fiscal, no precio de mercado) ninguno de los tres inmuebles porque van a ponerlos en licitación para las inmobiliarias”, explica Héctor Rodríguez, dirigente de Casona Protectora, donde viven ocho familias luego de su habilitación.
“En definitiva, nuestro sitio recuperado en la ciudad está siendo arrebatado por el Estado para el lucro inmobiliario y construir enormes departamentos donde hacinan y mantienen en el endeudamiento hipotecario a millones de chilenos y chilenas”, reclaman los pobladores.
Los proyectos de vivienda en ‘Esperanza’ y ‘Protectora’ son para 29 y 30 familias, respectivamente, para las que se construirán blocks diseñados de acuerdo a las necesidades de estas familias.
“Una vez que las viviendas estén construidas, la idea es seguir ayudándonos entre nosotros, y a las demás familias que están en otra etapa, recién buscando terrenos y sin casa, que son muchas”, señala Claudia Pacheco, dirigente de Casona Esperanza.
Según Rodríguez, hasta antes de estas amenazas del Ministerio, tenían proyectado para fines de este año asegurar el terreno, para el 2012 presentar el proyecto y obtener los recursos, y construir el 2013, de mano de los mecanismos de autogestión que el MPL ha levantado para quitar el lucro de la construcción de las viviendas.
“Las soluciones de la vivienda social son muy lentas, dependen de una voluntad política que no viene de ningún Gobierno de turno, sino que debemos conseguirlo con autogestión, movilización. Así logramos que Bienes Nacionales, Serviu, y el Arzobispado estén en una mesa viendo como resuelven el asunto”, afirma don Héctor.
Ante el cambio de actitud de las autoridades ministeriales, Rodríguez explican que se encuentran expectantes: “Aún tenemos una mesa de negociación con los Ministerios, no queremos interferir en ella, pero si no nos queda otra, la movilización siempre ha sido parte de nuestras herramientas”, concluye.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano