Hace cinco años, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en las cercanías de Iguala, en el estado de Guerrero, México, fue víctima de una de las más turbias masacres perpetradas en la historia reciente latinoamericana.
Entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un equipo conformado por policías municipales de Iguala y estatales de Guerrero ejecutó una persecución que terminó en un brutal ataque contra 43 estudiantes, a quienes inculpaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en el terminal local.
El abuso policial -ejecutado durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)- terminó con al menos nueve personas asesinadas, 27 estudiantes heridos, así como también periodistas y civiles vulnerados físicamente. Lo peor de esa noche fue la desaparición forzada de otros 43 estudiantes que aún -tras cinco años del suceso- se desconoce su paradero.
La mañana de este jueves, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó un informe detallado sobre la reapertura del caso y los avances que se tienen en torno a este crimen de lesa humanidad.
Tras la salida de Peña Nieto de la primera magistratura, quien dilató y ensombreció el caso, una de las primeras decisiones de AMLO fue abrazar a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa y solicitar junto a ellos el cese de la impunidad y que se haga justicia.
Esta acción se pudo confirmar este jueves, cuando AMLO, junto al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; y el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, ofrecieron una rueda de prensa, vistiendo una camiseta alusiva al caso que les fue entregada por los familiares y que lleva impresa una mano, el número 43 y la leyenda “Ayotzinapa”.
Los tres representantes del Estado mexicano detallaron las acciones que emprenderán y ejecutarán para esclarecer los hechos de Ayotzinapa.
El informe fue explicado en su mayoría por Encinas, quien acotó que el caso de Ayotzinapa -al que calificó de un reto «enorme»- se investiga bajo el supuesto de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado.
En su alocución reiteró que las investigaciones se llevan bajo la línea de encontrar a los normalistas desaparecidos, tal como lo solicitaron los familiares, con la presunción de que están con vida.
Encinas acotó que, como parte de esta nueva etapa de investigación, el Gobierno de AMLO ha decidido ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos (509.766,75 dólares) a la persona que sea capaz de colaborar con información relevante que ayude a localizar a los desaparecidos.
El subsecretario de Derechos Humanos también indicó que atiende todas las demandas de los padres que le piden a la Fiscalía General, para que se haga la investigación desde cero; una exigencia que considera que no es posible en virtud de los casos de tortura que se han denunciado durante los procedimientos.
Por su parte, el fiscal especial del caso dio a conocer que, a partir de la próxima semana, se girarán citatorios a todos los exfuncionarios involucrados en los hechos del 26 de septiembre del 2014, en calidad de testigos.
Entre los nombres a citar están el del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco; el exgobernador de ese estado, Ángel Aguirre; el exprocurador general Jesús Murillo Karam; e incluso podría llamarse al expresidente Peña Nieto.
El fiscal acotó, además, que el Gobierno Federal desistió de los más de 200 amparos promovidos por la administración de Peña Nieto, quien de forma reiterada buscó evitar la conformación de una comisión de la verdad para esclarecer el caso.
Sobre el informe, el Comité Científico analizó 80 millones de llamadas telefónicas, dentro de las que no se encontraron contactos entre los estudiantes y grupos del crimen organizado; y agrega que hasta el momento se han hecho ocho operativos de búsqueda en 120 puntos de cinco municipios de Guerrero, sin que se tengan resultados positivos.
«Es fundamental que se esclarezcan los hechos»
Durante la rueda de prensa, AMLO recalcó que su Gobierno tiene toda la voluntad «para conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y que haya justicia», pues «es un asunto fundamental que se esclarezcan los hechos del caso Ayotzinapa».
López Obrador acotó que en este momento tienen «una gran ventaja», pues «no hay impunidad» y «eso es importantísimo, porque cuando se trata de crímenes de Estado, es muy difícil llegar a la verdad si se mantiene el acuerdo de que impere la versión del Estado, pero cuando no hay impunidad, todo el Gobierno de la República, el Estado mexicano, actúa para conocer los hechos».
«Hablamos de cómo está participando el Ejército, están participando todas las instituciones, y no hay ningún obstáculo para contar con investigadores, observadores internacionales, están las puertas abiertas del país para ayudar a esclarecer este asunto», acotó.
AMLO hizo un llamado a toda persona que tenga información sobre este caso para ayudar a resolverlo.
«Como lo mencionó Alejandro Encinas, va más allá de un simple ilícito, de un delito, es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos, para el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, sería una gran constribución a que se ayude a saber el paradero de los jóvenes. Quienes sepan algo no sólo tendrán recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México, y nuestro compromiso es de proteger a quienes informan, recompensarlos, protegerlos y si se requiere ayudarlos, si están implicados», detalló.
AMLO acotó también que en este caso es fundamental buscar la justicia con el perdón, pues es la vía más segura a conocer la verdad.
«Yo sostengo que sin perdón es más difícil hacer realidad la justicia. Digo: ¡olvidó no, perdón sí! (…) Este es un mensaje para los que seguramente saben, hay muchos que saben, y por eso tengo confianza de que vamos a conocer la verdad. El que informe tiene toda la protección del Estado, todo el apoyo del Gobierno, por eso no pierdo las esperanzas, estoy optimista, creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares, no lo descarto, no me doy por vencido, al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad», acotó el Presidente de México.
Asimismo, AMLO insistió que en el proceso es fundamental la protección y el contubernio de las autoridades con los informantes, algo que sostiene no hubiera podido pasar «si hubiese ganado otro candidato, cualquier otro».
«¿Se estaría reabriendo la investigación y reponiéndose el procedimiento, investigando, atendiendo el asunto?», cuestionó AMLO, quien recordó que los gobiernos anteriores solo provocaron la actual guerra y violencia desmedida que vive la sociedad mexicana, que únicamente ha traído masacres y desolación.
El Presidente fue enfático al asegurar que llegarán a la verdad y expresó su más sincero afecto «a los padres y a las madres de los jóvenes», a quienes recalcó que el Gobierno no se limitará en recursos materiales para resolver este lamentable caso.
«No hay limitaciones materiales, es decir, no faltan recursos, está dada la instrucción de que participe todo el Gobierno con todos los recursos que sean necesarios», subrayó.
Ayotzinapa, el principio del fin
Sobre este tema, el periodista y columnista mexicano Salvador Soto Garcia publicó este miércoles en su columna «Serpientes y Escaleras» un artículo titulado «Ayotzinapa, el principio del fin», donde describe la serie de eventos suscitados la noche de 26 y madrugada de 27 de septiembre hace cinco años en Iguala.
Soto califica los sucesos de Ayotzinapa como «uno de los casos judiciales más complejos, viralizados, politizados y emblemáticos de la crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace 13 años«.
«El secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no solo evidenció en su momento la gravedad de la podredumbre, descomposición y colusión entre gobiernos y el crimen organizado, sino que se convirtió en la pesadilla de dolor para decenas de padres que desde entonces claman -igual que otros muchos miles de padres de familias mexicanas- por conocer el cruel destino y el paradero de sus hijos, y representó también, políticamente, el principio del fin del Gobierno y la figura del entonces presidente Enrique Peña Nieto».
«Las imágenes de jóvenes golpeados, heridos, sometidos y apilados en camionetas, que fueron entregados por las autoridades que debían protegerlos a los sicarios de Guerreros Unidos -ante la mirada pasiva y complaciente de militares del Ejército Mexicano-, combinadas con la indolencia y la torpeza de un Gobierno federal que confundió y trató el tema como “un asunto local”, fueron el comienzo de una avalancha política que terminaría arrasando a la administración peñanietista«, cita parte del artículo de Soto.
En contexto, el periodista afirma que tras cinco años y «con casi la mitad de los presuntos asesinos materiales acusados y procesados puestos ahora en libertad por jueces extremadamente garantistas, seguimos sin saber quién o quiénes fueron los autores intelectuales de esta masacre».
«Y seguimos haciéndonos casi las mismas preguntas de hace cinco años: ¿Quién dio la orden de detener, levantar, secuestrar y asesinar a los estudiantes? ¿Quién es el Patrón al que tanto se refieren en las comunicaciones telefónicas grabadas y transcritas de aquella noche? ¿Qué relación tiene en todo esto el apellido Figueroa, de los caciques históricos de esa región de Guerrero? ¿Cuál fue el motivo real por el que decidieron masacrar y desaparecer a los 43 normalistas? ¿Dónde terminaron sus restos? ¿Qué papel jugó en todo esto el tráfico de goma de opio y heroína desde el sur mexicano a los Estados Unidos? ¿Por qué el Ejército no actuó en defensa de los jóvenes atacados, a pesar de que presenciaron cómo eran perseguidos y heridos varios de ellos? ¿La Policía Federal por qué no actuó al conocer del secuestro masivo? ¿Cuántos de ellos fueron quemados realmente en Cocula y cuántos asesinados en otros lugares?».
Soto considera que «si se quiere llegar al fondo», el Estado mexicano tendrá «que empezar por ser realistas con los padres de los normalistas y, sin negarles el derecho a la esperanza, demostrarles de manera fehaciente cómo fue que sus hijos fueron asesinados y sus restos desaparecidos o escondidos en distintos puntos de Iguala».
«Lo peor que podría hacer el Gobierno lopezobradorista y el fiscal Gertz es alimentar “falsas esperanzas” y expectativas irrealizables para los doloridos padres y para toda una sociedad. Llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa es un imperativo primero legal y luego moral para cerrar una herida que lleva cinco años abierta y supurando…», cierra Soto García.
¿Quiénes son los 43?
Durante los últimos cinco años, todos los septiembre se paran las actividades académicas en la Escuela Normal, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde hace cinco años hay 43 sillas en medio de una cancha de baloncesto esperando que vuelvan a ser ocupadas.
Estos son los nombres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos:
- Abel García Hernández
- Abelardo Vázquez Peniten
- Adán Abrajan de la Cruz
- Antonio Santana Maestro
- Alexander Mora Venancio
- Benjamín Ascencio Bautista
- Bernardo Flores Alcaraz
- Carlos Iván Ramírez Villarreal
- Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
- César Manuel González Hernández
- Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
- Christian Tomas Colón Garnica
- Cutberto Ortiz Ramos
- Dorian González Parral
- Emiliano Alen Gaspar de la Cruz
- Everardo Rodríguez Bello
- Felipe Arnulfo Rosas
- Giovanni Galindes Guerrero
- Israel Caballero Sánchez
- Israel Jacinto Lugardo
- Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
- Jhosivani Guerrero de la Cruz
- Jonas Trujillo González
- Jorge Álvarez Nava
- Jorge Aníbal Cruz Mendoza
- Jorge Antonio Tizapa Legideño
- Jorge Luis González Parral
- José Ángel Campos Cantor
- José Ángel Navarrete González
- José Eduardo Bartolo Tlatempa
- José Luís Luna Torres
- Julio César López Patolzin
- Leonel Castro Abarca
- Luis Ángel Abarca Carrillo
- Luis Ángel Francisco Arzola
- Magdaleno Rubén Lauro Villegas
- Marcial Pablo Baranda
- Marco Antonio Gómez Molina
- Martín Getsemany Sánchez García
- Mauricio Ortega Valerio
- Miguel Ángel Hernández Martínez
- Miguel Ángel Mendoza Zacarías
- Saúl Bruno García
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