Los acusados de asociación ilícita, Cristian Flores, presidente del Comité de Defensa Personal de Caimanes, y Sandra Dagnino, abogada del Comité, denuncian que la Minera Los Pelambres busca dejar sin defensa a una comunidad amenazada por la construcción del tranque de relave más grande de Latino América.
Cristian Flores (en la foto), presidente y vocero del Comité de Defensa Personal de Caimanes (CDPC), cuatro de los abogados de éste, Roberto Arroyo, Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Juan Sanhueza, están siendo acusado por la Minera Los Pelambres. Los cargos que se les imputa son de asociación ilícita y de prevaricación de abogado, un delito que consiste en el mal oficio de un procurador que trata de perjudicar a sus clientes; por ejemplo, acusar a una persona sabiendo que es inocente.
Según el dirigente de Caimanes -Comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo– la empresa busca marcar un precedente con el fin de amedrentar a los dirigentes y abogados que representen a comunidades que se encuentren en conflictos socio-ambientales en el país.
Flores expresó que la acusaciones que pesan en sus contras “no existen, porque una asociación ilícita es cuando un grupo de persona se une para cometer delito, y aquí en Caimanes nos hemos unido como ciudadanos y como pobladores para defendernos”, manifiestó.
Asimismo, Sandra Dagnino dijo que la compañía minera busca “dejar a la gente sin abogado”, en una comunidad inmersa en un conflicto ambiental que consiste en la instalación del tranque de relave El Mauro de la Minera los Pelambre a menos de 8 kilómetros del pueblo.
Los juristas Arroyo, Sanhueza y Ossa fueron formalizados el jueves 28 de enero en el Juzgado de Garantía de Los Vilos, quedando con arraigo nacional, mientras que Flores y Dagnino fueron citados a otra audiencia.
Supuestamente, el Comité de Defensa Personal de Caimanes ideó un plan para quedarse con parte de los beneficios entregados en el avenimiento que la empresa Los Pelambres llegó con Víctor Ugarte y los dirigentes del Comité de Defensa del Valle del Pupíos en la Corte Suprema, en mayo del 2008.
El supuesto plan consiste en una demanda que presentó el Comité de Defensa Personal en contra de quienes participaron del acuerdo alcanzado en máxima Corte, mientras los abogados de Ossa & Cia, condicionaban a quienes demandaban, asegurándole que podían retirar el dinero si un 50% de iba al Comité de Defensa Personal.
Además Dagnino manifestó que “acá hay un dato interesante, nosotros somos querellados por la minera, en cambio, nuestros clientes, todos han dicho que nadie los ha engañado”.
EL AVENIMIENTO EN LA CORTE SUPREMA
El acuerdo judicial alcanzado en la Corte Suprema le permitió a la Minera Los Pelambres obtener las tierras y derechos de agua que necesitaba para la instalación del tranque. Para ello, Ugarte recibió de pago US$ 23 millones de dólares, además de US$5 millones para los dirigentes y US$500 mil para la mesa negociadora.
El pacto significó una nueva división en la localidad Caimanes y en consecuencia la creación de un nuevo grupo que busca cerrar el tanque: El Comité de Defensa Personal de Caimanes.
La acusación de la Minera Los Pelambres a los dirigentes y abogados del Comité Defensa de Personal, se debe a que éstos últimos presentaron una querella en Santiago, en contra de los que firmaron el acuerdo y además, un recurso para anular la resolución pactada en la Corte Suprema, congelando así, la entrega de 5 millones para el Comité de Defensa del Valle del Pupío.
Para la abogada Sandra Dagnino, la justificación de la querella en contra de quienes hayan firmado el avenimiento, se debe a que la comunidad “no está pidiendo que se le reconozca un derecho, sino que está pidiendo que se le respete un derecho ya reconocido.”
LA CORTE QUE FRENÓ EL TRANQUE
En noviembre del 2006, la Corte de Apelaciones emitió un fallo donde recogía un recurso interpuesto por distintas organizaciones sociales del Valle Pupío. La Corte denegó a el permiso que la Dirección General de Aguas (DGA) –perteneciente al Ministerio de Obras Públicas– le daba a la Minera Los Pelambres para construir el tranque El Mauro, porque éste interrumpía los derechos de agua de la comunidad.
Sin embargo, como el fallo fue escrito a nombre de la DGA y no de la minera, las construcciones del tranque siguieron y en marzo del 2008, ambas en conjunto, decidieron apelar a Corte Suprema.
Ver más imágenes del tranque El Mauro, hechas por el arqueólogo Patricio Bustamante, aquí
Por Rodrigo Cavieres Cárdenas
El Ciudadano
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